Nuevamente Mauro Andino (AP) será el único asambleísta que definirá los cambios finales a un proyecto de ley que causa preocupación y críticas.

Lo hizo en junio pasado con la Ley de Comunicación, que era cuestionada por organizaciones de periodistas, y ahora lo hace con el nuevo Código Penal, criticado por defensores de derechos de menores de edad, mujeres y gremios médicos.

Aunque los asambleístas de oposición critican que un solo asambleísta concentre esa labor, Andino está facultado por la Ley de la Función Legislativa a incluir las modificaciones que crea necesarias en el documento que vaya a votación.

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En la sesión del pleno del pasado miércoles, Andino reseñó más de 20 propuestas de cambios que tiene previsto tomar en cuenta. Esto ocurrió luego de que sus compañeros de Alianza PAIS (AP) le entregaran el texto que surgió de las reuniones con el Ejecutivo.

La mayoría de cambios se realizarán al libro I de la infracción. Mantener la definición de dolo y eliminar el error de tipo y el error de prohibición, reformular la muerte culposa por mala práctica profesional, revisar los delitos contra la mujer, ajustar el capítulo sobre delitos ambientales, incorporar el maltrato animal, revisar los tipos penales de desacato, terrorismo, rebelión y tránsito son algunas de las sugerencias de AP expuestas en el pleno.

En cuanto al libro II sobre el procedimiento penal, se ratifican las propuestas de eliminar el artículo de la conservación de datos para los proveedores de internet e incorporar reglas que protejan a las víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar dentro del procedimiento expedito.

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Lo sustancial en el último libro de ejecución de penas y las disposiciones reformatorias es que se reducirá la medida socioeducativa máxima aplicable a los adolescentes infractores de diez años (como estaba en el informe para segundo debate) a un máximo de ocho.

AP espera las observaciones de la oposición sobre el informe de segundo debate. Entre los principales cuestionamientos están la tipificación del pánico económico, la responsabilidad penal de la persona jurídica, la supuesta desproporcionalidad en penas y multas, y otras.