La CIDH inició audiencias sin los delegados del Gobierno de Rafael Correa

El Estado ecuatoriano fue el gran ausente en las audiencias sobre Libertad de Expresión y Asociación y Derecho a la Consulta Previa que se desarrollaron la tarde de este lunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington."Hay una manifestación expresa de no asistir a las audiencias", señaló Emilio Álvarez Icaza, miembro de la CIDH, quien leyó parte de la comunicación que envió el Gobierno del presidente Rafael Correa a las 10:05 de este lunes y aseguró que la serie de argumentaciones que señala en la comunicación se las hará públicas "más adelante".A la audiencia de Libertad de Expresión acudieron delegados de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios), la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE), entre otras.El representante de organizaciones sociales Carlos Castellanos inició su exposición lamentando la ausencia de los representantes del Gobierno. Aunque dijo que "no nos sorprende, pues localmente estilan actuar de la misma manera, privando a los ciudadanos de cualquier vía de diálogo propia de una sociedad democrática".Para él, "las libertades de expresión y de asociación en el país, se han visto gravemente afectadas con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y el Decreto 16 con el denominado Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Estas normas, contienen graves violaciones a derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales, han pasado a formar parte del grupo de leyes restrictivas que se aplican en el país para perseguir y sancionar a quienes piensan diferente". Requisitos para constituir organizaciones Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE) , cuestionó el decreto Ejecutivo 16 que se expidió en junio pasado y que exige una serie de requisitos para constituirse en una organización violando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Constitución ecuatoriana."La Convención garantiza nuestro derecho a asociarnos libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El Decreto 16 desconoce por completo esta garantía, también reconocida en la Constitución, modificando un derecho fundamental con una norma infralegal. El funcionamiento de la sociedad civil queda condicionado al arbitrio de una autoridad estatal con facultades abiertas, indefinidas e ilimitadas", refirió.Mientras Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, presentó su caso acusando al Gobierno de violación de derechos humanos. "He sido encarcelado tres veces, acusado de terrorismo, por defender a la madre tierra. Estoy aquí luego de cumplir mi última condena", dijo.Este representante señaló que las organizaciones indígenas tampoco se libran de la aplicación del Decreto 16. "Las comunas, comunidades, sistemas de agua, juntas de regantes, entre otras formas de organización comunitaria, están sometidos a esta norma".Para Pérez Guartambel "con este Decreto, a través de la creación de sistemas y registros, las autoridades tendrán acceso a toda nuestra información personal, actividades, creencias, preferencias políticas e ideológicas. Bajo el eufemismo de un proceso de acompañamiento a las organizaciones, por parte de burócratas y agentes estatales, se legaliza el control y espionaje gubernamental". Ley de Comunicación El periodista Miguel Rivadeneira se refirió a la Ley Orgánica de Comunicación en vigencia desde el pasado 25 de junio. Esta norma es "imprecisa, restrictiva, punitiva y antidemocrática, que es un obstáculo para el libre flujo de ideas y opiniones, indispensables para fortalecer el debate público en un Estado que se autodefine como democrático".Aseguró que comparte la necesidad de democratizar la comunicación, redistribuir frecuencias y fortalecer un periodismo responsable, como promete la ley. Pero, dijo, "en la práctica, esta norma propende al monopolio informativo del Estado, establece un régimen de censura previa, impone contenidos a los medios de comunicación, establece organismos estatales con facultades discrecionales para el establecimiento de responsabilidades ulteriores, en manos de funcionarios públicos que no son independientes del Ejecutivo".Además, se refirió a la imposición legal para que un funcionario permanezca en un medio de comunicación para verificar que la información y los contenidos se ajusten a la normativa vigente.Este punto preocupó a la relatora de la Comisión, Catalina Botero, quien solicitó más información sobre el tema.Mientras, el periodista investigador Jean Cano, se refirió al lichamiento mediático, a la prohibición expresa en la Ley de informar hechos que sean calificados de reservados, la imposición de contenidos a los medios, a la información de relevancia pública, las limitaciones para informar acerca de asuntos judiciales, entre otros. Peticiones Estos representantes entregaron a la Comisión las siguientes peticiones: 1. Establecer una fecha definitiva para la visita de la Comisión a Ecuador. Recordamos a ustedes que el Estado ha reiterado en múltiples ocasiones la invitación abierta a visitar el país. Su presencia servirá para que puedan dialogar con todos los sectores y conocer de primera mano el grado de deterioro de los Derechos Humanos en el Ecuador. 2. Elaborar un informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos y la democracia en Ecuador, en el que se formule recomendaciones al Estado para garantizar el pleno respeto y protección de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática. 3. Que la Comisión solicite a la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre el derecho a la Libertad de Expresión, en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana: a. Que los Estados a través de una ley obliguen a los medios a publicar información que consideren de interés público, y prohíban publicar información que éstos no la consideren como tal; b. Que una ley imponga un funcionario estatal en la sede de los medios de comunicación para verificar que los contenidos se adecúen a las normas vigentes; y c. Que una norma prohíba a los medios difundir información que potencialmente pueda desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 4. Que la Honorable Comisión solicite a la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre el derecho a la libertad de asociación en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana; a. Que se establezca una obligación general a todos las formas de organización, de hecho y de derecho, de obtener un registro estatal para poder operar “legalmente” en el país; b. Que a través de una norma se obligue a las organizaciones a admitir a cualquier ciudadano en condición de miembro, sin que exista la posibilidad de que estas puedan negar el ingreso; c. Que una norma avale la posibilidad discrecional de un Gobierno de disolver una organización cuando, por ejemplo, realice incidencia en políticas públicas o alterar la paz pública. 5. Que la Comisión preste especial atención a los casos de líderes sociales, dirigentes indígenas, defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, periodistas y ciudadanas y ciudadanos perseguidos, que han sido enjuiciados y sentenciados por ejercer sus libertades, para que oportunamente se les otorgue medidas cautelares para preservar su integridad personal y sus derechos fundamentales. Hacemos también el pedido para que la Honorable Comisión tramite de manera expedita los casos relativos a violaciones a la Libertad de expresión y asociación, a fin de que se repare de manera integral a las víctimas de dichas violaciones y el Estado adopte las medidas necesarias de no repetición. Consulta previa La segunda audiencia fue sobre el Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Ecuador al a cual acudieron delegados de la Red Jurídica Amazónica, Fundación Pachamama, Centro Lianas, Instituto Regional de Derechos Humanos (Inredh), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), el Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, Red de líderes, entre otras.

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