Control de precios, inflación del 225% (1972), nacionalización del cobre y de otros metales que estaban en manos de empresas estadounidenses, reforma agraria... Era parte del panorama en Chile en la presidencia de Salvador Allende, el primer marxista elegido en democracia con el 36,6% de los votos. Su ascenso al poder, el 4 de noviembre de 1970, implicó lo que sus colaboradores llamaron ‘la vía chilena al socialismo’ por medios pacíficos y legales.

Un camino que encendió los conflictos con los partidarios del capitalismo –una élite industrial, comercial y militar– que con el auspicio del desabastecimiento de alimentos y el financiamiento de paros de transportistas propiciaron un entorno de descontento social.

Llega el 11 septiembre de 1973. El Palacio de la Moneda (casa de gobierno) humea tras los bombardeos, aviones sobrevuelan bajo, tanques ocupan las calles de la capital, Santiago, mientras la población es asediada con controles en cada esquina.

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Una Junta Militar presidida por Augusto Pinochet toma el poder, luego de que Allende se suicida. Inicia una dictadura que culminó, más de 16 años después, el 11 de marzo de 1990.

Con la llegada de Pinochet al poder se acentuó la crisis económica. La inflación aumentó y el desempleo bordeaba el 20% entre 1974 y 1976. La pobreza generó un éxodo de chilenos que también se dio por razones políticas (exilios).

A ello se sumó la represión. Carabineros (policía chilena) y militares coartando protestas, cercando el paso a las marchas, amenazando con armas a civiles, haciendo detenciones y dispersando las concentraciones con chorros de agua y gases lacrimógenos, mientras que mujeres reclamaban por la desaparición de sus padres, esposos e hijos y culpaban a la dictadura de estos hechos.

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Estas escenas se observan en el documental “Chile, las imágenes prohibidas”, estrenado en señal abierta por el canal privado Chilevisión en agosto último. El programa mostró también relatos de los sobrevivientes de esos actos de represión y de los familiares de los 3.200 muertos y desaparecidos y al menos 38 mil torturados que dejó la dictadura, según cifras oficiales.

La producción batió récords de sintonía en Chile y se elaboró con material audiovisual del archivo de Chilevisión y de corresponsales, imágenes que habían sido censuradas durante la presidencia de Pinochet.

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Cuarenta años después del golpe, la mayoría de chilenos pudo observar en televisión abierta las reacciones de los familiares al enterarse de la muerte de sus desaparecidos. Aparece el reclamo de Estela Ortiz cuando le confirman que uno de los tres cadáveres de comunistas degollados, en 1985 (doce años después del golpe), era el de su esposo Manuel Parada: “¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura”, dice.

O el relato de Leopoldo Correa, un camarógrafo, quien cuenta que en 1973, el río Mapocho era el sitio obligado para encontrar cadáveres. “De repente aparecía una mano, el pecho de una mujer, una cabeza”. Mientras que los estudiantes universitarios debían comprometerse a no participar en protestas para poder seguir sus estudios.

Sembrar miedo en la población fue una de las características de la dictadura, dice Simón Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y quien estudiaba sociología en la Universidad de Chile cuando ocurrió el golpe, en 1973.

Un miedo que se fue superando diez años después. Una nueva crisis económica y la reducción del precio del cobre (metal clave para la economía chilena) provocó un despertar en los trabajadores mineros que convocaron protestas en mayo de 1983.

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Los reclamos se daban en medio de la censura previa a la que eran sometidas revistas consideradas de la oposición por la dictadura. Kena Lorenzini, fotógrafa de la revista Análisis, cuenta en el documental de Chilevisión que antes de publicar debían pasar los contenidos al Área de Comunicación de la dictadura. Mientras que los medios más grandes y los canales de televisión mostraban los hechos apegados a la versión oficial.

“En Chile había una ficción de medios independientes pero que no lo eran porque apoyaban claramente a la dictadura”, dice Pachano, quien agrega que una de las marcas del totalitarismo, sin importar su ideología política, es la de coartar todo tipo de libertad de expresión: “Son poderes que impiden cualquier tipo de manifestación medianamente independiente”.

La visita del papa Juan Pablo II en 1987 evidenció la división en Chile entre los que apoyaban a Pinochet y sus detractores. Los enfrentamientos entre ambos bandos se darían más tarde previo al plebiscito del 5 de octubre de 1988, con el que Pinochet pretendía perpetuarse en el poder hasta 1997 en caso de que ganara el Sí. Pero en el plebiscito se impuso el No con el 55,99% de los votos, lo que implicó la salida de Pinochet del poder aunque se mantuvo como comandante del Ejército hasta marzo de 1998.

Para Pachano esta dictadura significó un freno en el desarrollo social y económico chileno que había empezado en la década del cuarenta del siglo XX. Y dejó, además, según el catedrático, tareas pendientes para el futuro ante las heridas aún abiertas y la privatización de la educación y la seguridad social.

La recuperación económica se retomó a partir de 1990 en el gobierno de Patricio Aylwin, el primer presidente electo en democracia después de la dictadura. La pobreza se redujo del 40% al 14% entre 1990 y el 2011.

El aniversario del golpe que se recuerda el miércoles próximo ha despertado sucesivas reacciones. En programas de televisión se muestran careos como el que presentó Televisión Nacional de Chile (TVN) entre el exjefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, con Ernesto Lejdermar, el niño de dos años que entregó a un convento en 1973 luego de que sus padres fueran asesinados por la dictadura de Pinochet.

Tras el programa, Cheyre, quien como jefe del Ejército en la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006) dio señales de apertura en la conformación de una comisión gubernamental para investigar los casos de torturas y desapariciones, renunció como director del Servicio Electoral en el actual periodo de Sebastián Piñera.

Mientras que Lagos hizo un llamado a la reconciliación nacional con una advertencia: “para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, dijo a TVN.

La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile pidió perdón por las omisiones cometidas, al rechazar unos cinco mil recursos de amparo a favor de los detenidos por la dictadura. Mientras que la Corte Suprema de Justicia de Chile reconoció el viernes pasado sus omisiones.

Hoy, los tribunales mantienen abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen la pena en la cárcel, casi todos en recintos militares especiales.

Antes de hablar de reconciliación hay que hablar con la verdad (...) En Chile hay una gran deuda pendiente de la justicia con los civiles de la dictadura”.

Lo primero es marcar el tema desde una mirada desde arriba y decir que estamos mucho más reconciliados de lo que creemos”.