Realizar una consulta prelegislativa a los pueblos huaorani y kichwa es una de las posibilidades que se barajan dentro de Alianza PAIS (AP) para tramitar el pedido presidencial de declarar de interés nacional los bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní.

Para el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal (AP), el trámite de la petición presidencial es una medida legislativa y, según el artículo 57 de la Constitución, toda medida legislativa que pudiera afectar los derechos de los pueblos colectivos debe pasar por una consulta prelegislativa.

El instructivo de la Asamblea indica que esta se realiza luego del primer debate.

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La consulta prelegislativa es independiente de la consulta popular que impulsan varios grupos sociales. Al momento se usa para la Ley de Aguas, pendiente para segundo debate.

Esta es una propuesta nueva dentro del bloque oficialista, que según comentó Ximena Ponce, hasta ayer no se reunía para tomar una decisión unánime de si se realiza o no una consulta popular sobre el tema.

Carvajal agregó que “estamos hablando de zonas donde hay población indígena contactada y no contactada”. En el primer caso se trata de los huaoranis y los kichwas y en el segundo, de los tagaeris y taromenanes.

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En la petición presidencial, el Gobierno reconoce que dentro del parque está el territorio del pueblo huaorani y descarta la presencia de pueblos no contactados en la zona, tomando como base el monitoreo aplicado con el Plan de Medidas Cautelares tras las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2006.

Sobre esto, el asambleísta de oposición César Umaginga (PK) indicó que los taromenanes se movilizan en todo el parque en busca de alimento, no solo en una parte, como señala el informe presidencial. Y coincide con la necesidad de hacer una consulta prelegislativa.

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El asambleísta Ramiro Aguilar (SUMA) recordó que, según la ONU, tiene que haber una consulta si no se violarían los derechos de los pueblos de ser consultados.

De su parte, el presidente Rafael Correa reiteró su confianza en que el pueblo apoyará la extracción del petróleo del Yasuní, en caso de una posible consulta popular sobre el tema.

INFORMES QUE ENVIÓ CORREA A LA ASAMBLEA

JUSTICIA

El informe del Ministerio de Justicia señala que, según sus monitoreos, en la zona del Yasuní-ITT no residen pueblos en aislamiento voluntario.

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Esto porque “los patrones de asentamiento” de estas poblaciones indican que habitan en zonas “interfluviables y no inundables”, entre los 250 y 400 metros sobre el nivel del mar, geografía que no corresponde a los bloques 31 y 43, reseña el documento que entregó el presidente Rafael Correa a la Asamblea el pasado viernes.

Agrega que el avistamiento más cercano a esa zona ocurrió a 73 kilómetros. De ahí que el reporte concluya que no habrá perjuicio para estos pueblos.

ECONOMIA

La explotación de los campos de los bloques 31 y 43 generaría ingresos que oscilan entre $ 42 mil millones (valorando el barril de crudo en $ 70) y $ 60 mil millones (si el valor del barril alcanza los $ 91,7), según las proyecciones que hizo el Ministerio Coordinador de la Política Económica.

Con esa inyección de recursos, el Gobierno espera, entre otros indicadores, reducir al 20% la pobreza por ingresos (actualmente está en el 27%), alcanzar el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) plenamente ocupada (ahora lo está el 42%) y llegar al 95% de viviendas con acceso a agua potable (ahora hay 74%).

AMBIENTE

La extracción de crudo del Yasuní-ITT es viable “siempre y cuando se cumpla con la normativa ambiental vigente y los estándares ambientales que permitan mantener la integridad del Parque Nacional Yasuní”, concluye el estudio realizado por el Ministerio del Ambiente.

Aunque admite que la industria hidrocarburífera en todas sus fases (desde la exploración hasta la comercialización de crudo) genera fuertes impactos ambientales, sostiene que estos pueden minimizarse con una explotación técnica.

El Ministerio indica en el texto que el proyecto requiere de licencias ambientales y la autorización de la Asamblea.

REC. NATURALES

Considerando que ya se han efectuado actividades extractivas en ciertas áreas del Parque Nacional Yasuní, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables señala que sí es posible explotar el crudo de los campos del bloque 43, (Yasuní-ITT) “empleando técnicas y prácticas innovadoras y de alta tecnología que minimizan el impacto al medio ambiente”.

La secretaría de Estado estima que la zona que se intervendrá tiene una extensión de 200 hectáreas; esto equivale al 0,02% de la extensión total del Parque.

A causa de los trabajos de explotación, según el Ministerio, se generaría unas 5.000 plazas de empleo.

He tenido que retroceder en esa propuesta de diarios digitales porque recibí muchas quejas por Twitter (como): ‘¿Con qué van a madurar los aguacates?’. Estamos revisando la propuesta. Rafael Correa, presidente

Es importante que la misma Asamblea, si no quiere que se convierta en un tema político, autorice para la consulta popular... Si ellos (AP) creen que van a ganar, entonces arriesguen”. César Umaginga, Pachakutik

Evidentemente si es que hay pueblos huaorani y kichwa que están en esa zona (de los campos petroleros del Yasuní-ITT), puede cursarse la consulta prelegislativa, en mi opinión personal”. Miguel Carvajal, Alianza PAIS