Uno de los contratos municipales que investiga la Fiscalía no se firmó ni se entregó el dinero; en peculado hay que probar la malversación y lucro con fondos públicos, según experto

Se adjudicó el contrato, el 13 de abril pasado, pero no se alcanzó a firmar ni tampoco se dio el desembolso o los recursos económicos para la ejecución de la obra. Y antes de esto último, se lo suspendió definitivamente el 27 de abril de 2021.Se trata del proyecto denominado Óleos del Bicentenario, que al inicio la fundación municipal Guayaquil Siglo XXI (a cargo de la ejecución, administración y mantenimiento de obras de regeneración urbana en el centro) concedió por $ 445.000 a un único contratista invitado: el artista plástico y muralista Christian Oliver Moreano García, quien a su vez trabajó con dos artistas más en esta propuesta que viene desarrollando desde el 2017.El contrato de Óleos del Bicentenario es uno de los tres que constan en la investigación que lleva la Fiscalía por supuesto peculado en contra de funcionarios municipales, como la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; el gerente general de la fundación Guayaquil Siglo XXI, Xavier Álvarez Valdez; entre otros, así como en contra de contratistas, como el artista Moreano, quien sostiene que lo han perjudicado en su carrera al vincularlo sin haberse firmado aquel contrato.En medio de aquella indagación, la alcaldesa anunció este martes 4 de mayo que dará toda la información, y dijo, además, que priorizará el presupuesto a lo social, terminará unilateralmente algunos contratos y dará de baja a otros en licitación.El proyecto Óleos del Bicentenario que en un principio fue adjudicado a Moreano consistía en la entrega de seis cuadros pintados al óleo (en lino), referentes a batallas independentistas de Guayaquil y de Ecuador.Los tamaños de las pinturas del contrato oscilaban entre 2,7 metros de altura por 3,6 metros de ancho (el más pequeño) y 2,5 m por 7,5 m (el más grande), con costos que iban entre los $ 53.677,72 y $ 103.545,00, en ese orden. Los cuadros eran casi el doble de alto que la medida de un ecuatoriano promedio.Pero el 27 de abril, en un comunicado enviado por la Sala de Prensa del Municipio de Guayaquil, Álvarez, gerente de la fundación Guayaquil Siglo XXI, anunciaba que el proyecto de los óleos, así como el de la construcción de la plaza cultural (Auditorio del Pensamiento Libertario José de Villamil o Casa Villamil), que iba a estar en las calles Panamá y Tomás Martínez y donde se iban a exponer los cuadros, quedan suspendidos definitivamente.“El peculado en nuestra legislación es un delito de resultados, donde se dispone fraudulentamente de fondos del sector público, aprovechándose de una función pública. Es importante hacer esta diferenciación porque el peculado no es un delito únicamente de infracción de deber, sino de resultados. La justicia penal en este país imputa responsabilidad por el delito de peculado siempre y cuando se haya probado que yo me haya beneficiado de dineros de las arcas públicas, no que haya tratado de hacerlo”, explica Héctor Gabriel Vanegas, abogado especialista en Derecho Penal Económico.Cuenta que para que se sancione exclusivamente por peculado debe haber una malversación económica. Es decir, se debe comprobar que existió un pago que fue producto de un sobreprecio o que el dinero no se destinó para el fin contratado; que aquella contratación no era necesaria, entre otros.Vanegas comenta que, en contratación pública, para que exista peculado debe haber un incremento patrimonial o un beneficio a un tercero. Pero si no se ha podido suscribir el contrato (la firma) ni realizar el desembolso económico, no se puede comprobar aquello.En estos casos, agrega Vanegas, corresponde observar el contrato a la Contraloría General del Estado, ente que determinará si hubo o no omisión administrativa en el procedimiento, ya que todavía no había perjuicio económico o malversación de fondos. Esto, independientemente de otros delitos que se puedan investigar en el ámbito penal.También comenta que en la contratación pública todos cumplen una función específica. Y que cuando se habla de peculado a veces las entidades que administran la justicia suelen involucrar a todos, como al que hizo el requerimiento, a las comisiones técnicas, entre otros. Cada uno cumple un rol en el proceso de contratación.Los claves cuando se habla de peculado son el funcionario público que produjo el peculado, que adjudicó, que obtuvo un provecho o ayudó a un tercero. Y también el que recibió aquel beneficio, expone también la legislación ecuatoriana.El peculado está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 278. Y establece penas de prisión de 5 a 13 años, dependiendo de los casos.“Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera”, reza una parte del articulado.El 26 de abril, la Alcaldía, a través de sus principales representantes, como Viteri, pedía formalmente a la Fiscalía del Guayas que se investigue si hubo irregularidades en el proceso de contratación de otro proyecto (a cargo de la Dirección de Cultura): Letras Vivas, que se efectuó entre el cabildo guayaquileño y Foad Elías Saud Benítez, por más de $ 389.350 más IVA, para la realización de 50 murales que debían tener frases de diversos autores, poetas o escritores locales. Este último proyecto fue polémico por denuncias de los escritores y por supuesto sobreprecio.También ese día, 26 de abril, la Alcaldía envió un pedido a la Contraloría General del Estado para que se realice un examen especial a doce contratos de limpieza, del 2020, en zonas regeneradas a cargo de la fundación Guayaquil Siglo XXI. De ahí, el 28 de abril, Carlos Medina, director del Observatorio Ciudadano contra el Abuso de Recursos Públicos, puso una denuncia en contra de la alcaldesa Viteri, por supuesto despilfarro de los fondos públicos (peculado).Y el fin de semana último se conoció públicamente el impulso fiscal por supuesto peculado en contra de Viteri, de funcionarios municipales y de contratistas. (I)

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