Desde el exterior se ven los daños en el inmueble patrimonial privado Casa Tola. Al acercarse, el panorama es crítico y en su interior aún más.
Cintas de seguridad rodean varios metros de la vereda para impedir el paso de peatones junto a este bien, ubicado en la intersección de la 9 de Octubre y Escobedo, en pleno centro de Guayaquil.
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El inmueble patrimonial, que es privado, presenta un avanzado deterioro y riesgo de desprendimientos. Este sábado, 4 de abril, un pedazo de estructura se desplomó y obligó a cercar el perímetro de la casa.
Esta delimitación, sin embargo, no es nueva. Desde 2022, el inmueble se mantenía aislado del paso de los transeúntes por el riesgo de colapso, pues ese año se derrumbó parte de su fachada.
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En el interior, el piso está levantado y en partes completamente roto; las paredes lucen inclinadas y el techo presenta filtraciones que han permitido el ingreso de agua, afectando escaleras y molduras en las paredes.
Gran parte de la edificación está destruida. Del lado de Escobedo, el estado es más crítico, ya que parte del inmueble está expuesta.
El clamor ciudadano: retiro o reestructuración
Tras el último desplome de estructura durante el fin de semana, la ciudadanía pide que se aceleren las acciones para retirar o reestructurar el inmueble como bien patrimonial. Según expertos, Casa Tola combina elementos de los estilos neoclásico italiano y art déco.
“Hay que irlo desarmando poco a poco, por lo que es madera”, explica Jorge Mayorga, un comerciante que se ubica a diario en diagonal al inmueble para vender aguas, periódicos y bocadillos.
Advierte que el trabajo debe hacerse con cuidado. “Considerar, por lo menos, que unas tres o cuatro personas suban y vayan desarmando poco a poco, porque si lo van a desarmar de una sola es difícil y peligroso. Es un peligro para los transeúntes y para uno mismo que está trabajando aquí. Hay que darle seguridad a cada persona que pasa”, manifiesta.
Los vecinos también expresan su inquietud ante el estado de la estructura. “Deben poner manos en el asunto porque puede pasar una tragedia; puede que a la gente que camina por esta zona y va tan distraída le caiga algo y ocasione algo grave”, señala Fanny Macías, quien considera que el inmueble debería ser demolido.
En la misma línea, Santa Velásquez señala que se debe derrumbar por “el peligro para los transeúntes, para las personas que pasan”. “Es necesario el derrumbe, porque eso ya tiene tiempo”, agrega.
La vivienda permanece acordonada, en medio del riesgo latente para peatones y trabajadores que circulan por el sector.
Por otro lado, hay quienes aseguran que se debe analizar el estado de la estructura de forma integral y encontrar una manera de rescatarla. “Es una pena que se esté esperando que eso se caiga y se pierda lo poco que queda en la 9 de Octubre de historia. Ojalá puedan ver bien si se puede rescatar algo y reestructurar esa casa”, menciona Ana Pincay.
La respuesta municipal ante el riesgo
El fin de semana, el Municipio indicó que, al ser una propiedad privada, la intervención municipal directa es limitada; sin embargo, el cabildo ha actuado dentro de sus competencias para resguardar la seguridad en el espacio público.
La entidad señaló que ha desarrollado mesas técnicas junto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), con la participación de Segura EP, ATM, las direcciones de Patrimonio Cultural, Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (Dumce), Obras Públicas, Justicia y Vigilancia y Vía Pública, para coordinar acciones frente al estado del inmueble y evaluar alternativas ante el riesgo identificado.
“El Municipio de Guayaquil estableció un perímetro de seguridad alrededor de la Casa Tola debido a los informes técnicos que advertían el riesgo de colapso. Se ha mantenido coordinación con el INPC y se espera que, tras este suceso, se aceleren los procesos para la rehabilitación del tránsito peatonal y vehicular en la zona”, expresó el gerente general de Segura EP, Álex Anchundia.
Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía, explicó que, “al tratarse de un bien privado, el Municipio no puede intervenir directamente; sin embargo, dentro de sus competencias ha actuado de manera responsable colocando vallas, restringiendo accesos y trabajando de forma articulada con el INPC”. (I)