La Atarazana, entre otros sectores del norte y sur de Guayaquil, fue una de las zonas que apostaron por ‘blindarse’ por seguridad con rejas y portones metálicos, y se ajustaron, desde enero de 2024, a lo establecido en la norma que regula estas estructuras.
Para 2026, dos años después de la entrada en vigor de la Ordenanza que Regula la Ocupación del Espacio o Vía Pública mediante la Instalación de Elementos de Seguridad, tanto esta zona del norte como las demás áreas del Puerto Principal tendrían un nuevo ajuste si se aprueba en el Concejo Cantonal una reforma.
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El proyecto, que ahora está en etapa de socialización, busca mejorar la gestión de desechos en las calles peatonales con rejas.
Desde 2024, a través de la norma vigente, en la ciudad se establecieron reglas para permitir la instalación de estas estructuras, pero también para evitar problemas en la convivencia y en la dotación de servicios públicos.
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Las disposiciones para recolección de basura en zonas con rejas
El proyecto de reforma a la ordenanza —que está publicado en la página web del Municipio— contempla la colocación de tachos de basura móviles (contenedores) en los ingresos con rejas para facilitar la recolección de los desechos.
El cabildo indicó que se plantea esta adición a la norma tras detectar que, por la apertura irregular de estas estructuras, hay dificultad para el ingreso del personal encargado de la recolección de basura en ciertas zonas. Eso ha generado que montículos se acumulen en los exteriores de estos accesos.
El proyecto detalla que las comunidades que viven dentro de estos cerramientos deberán colocar dos contenedores de basura en las entradas de cada portón: uno negro para desechos comunes y otro azul para materiales reciclables como plástico, cartón, vidrio y papel.
Por cada grupo de hasta 20 viviendas se exige un juego de estos contenedores, cada uno con capacidad de 360 litros. En el mercado, estos tachos de basura son móviles, pues tienen ruedas.
Además, los habitantes deberán separar la basura desde sus casas antes de depositarla. Los recipientes deben ubicarse sin bloquear el paso de personas, vehículos o servicios de emergencia.
Sanciones y plazos del proyecto
No cumplir con estas disposiciones se considera una falta leve. La sanción es una multa del 20 % de un salario básico unificado ($ 96,40). Si hay reincidencia, la multa sube a un salario básico completo ($ 482) y puede aplicarse al representante del grupo o a los vecinos que aprobaron la instalación de los portones.
De aprobarse, tanto en primero como en segundo debate en el Concejo Cantonal, lo establecido en el proyecto de reforma deberá cumplirse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la ordenanza.
Reacciones y preocupaciones de los vecinos
Entre los ciudadanos que viven en zonas con portones, sobre todo en el norte de la urbe, hay opiniones divididas. Por un lado, hay quienes aseguran que este tipo de medidas ‘fomentan la organización barrial’. Otros, en cambio, aseguran que esto implicará un gasto adicional por la compra de los tachos.
Vecinos en la Atarazana, que incluso desconocen el proyecto, indicaron que desde antes de colocar portones existía organización para sacar la basura hasta las vías principales para su recolección.
“Con portones simplemente mantuvimos eso de sacar la basura hasta la principal, eso de los contenedores creo que solo será poner todo en un mismo sitio para que vengan, levanten eso y todo quede más limpio, creo que solo sería ordenar”, manifestó una moradora de esta zona.
Otra vecina, que también desconocía del planteamiento, dijo que —entre moradores— se deberá discutir cómo será la colocación de estos artículos y también la organización para ubicar la basura.
“Aquí habrá dos cosas: primero se debe ver dónde poner eso y que no se lo roben, lo otro es que los vecinos igual saquen la basura en los días que es y no porque esté ese tacho siempre saquen cualquier día y eso se haga un relajo”, indicó.
En Ficoa de Montalvo, en el norte de la urbe, aseguran que esto implicará un nuevo ‘enfrentamiento’ entre ciertos vecinos que se niegan a pagar valores adicionales. “Si los tachos nos toca financiar a nosotros, aquí habrá gente que no va a querer pagar. Eso será una nueva cosa de pelea aquí”, dijo un morador.
En zonas como La Garzota y Samanes, donde también se han instalado estas rejas, ciudadanos dijeron que están a la expectativa de que se expliquen más detalles del proyecto.
“Que esto se difunda bien porque si no se conoce bien, la misma gente que vive dentro de las rejas pensará que uno tiene que comprar cosas por comprar y no porque lo establece alguna ley”, señalaron.
El proyecto de ordenanza establece que colectivos o comunidades de Guayaquil que mantengan los elementos de seguridad “estarán sujetos al control ejercido por la Dirección General de Justicia y Vigilancia”. (I)