Este lunes, 27 de abril, la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil admitió a trámite una de las tres denuncias presentadas en el marco del procedimiento de remoción del alcalde Aquiles Alvarez.
Tras un análisis técnico y jurídico, hoy, la comisión resolvió inadmitir dos denuncias de David López, domiciliado en Quito, y de Óscar Velarde, domiciliado en la Entrada de la 8. La acción aceptada fue de Hugo Córdova Hidalgo, asentado en el centro de la urbe.
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Desde febrero pasado, Alvarez se mantiene en prisión y el cargo ha sido asumido por Tatiana Coronel en calidad de alcaldesa subrogante.
Mientras tanto, Alvarez enfrenta tres procesos penales por los casos Goleada, Triple A y grillete electrónico. En los dos últimos casos, debe cumplir prisión preventiva.
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Denuncias evaluadas por la comisión
El 8 de abril, López presentó una primera denuncia. Dos días después, dos denuncias más fueron presentadas en el Municipio por Velarde y Córdova.
En estas se pidió que se active el procedimiento previsto en la normativa vigente para determinar si se configura una causal de remoción.
En las denuncias de los ciudadanos asentados en Guayaquil se fundamentaron los pedidos en que el alcalde ha permanecido privado de libertad dentro de procesos penales que, a su criterio, ha impedido el ejercicio material, personal y ordinario de sus funciones.
Además recordaron que se le concedió una licencia sin sueldo que posteriormente fue ampliada, pero cuyo plazo venció el 26 de marzo pasado.
En la sesión del Concejo de esa misma fecha, según señalaron, se dejó constancia de que no existía un nuevo pedido formal de licencia o vacaciones.
Pese a ello se mantuvo la subrogación para evitar un vacío de poder en la administración municipal, manifestaron.
La denuncia de Córdova fue admitida a trámite al verificarse el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la ley: presentación ante la autoridad competente, reconocimiento de firma ante notario, domiciliado en Guayaquil y la inclusión de una solicitud de pruebas.
Con la admisión de la denuncia se activa el procedimiento legal correspondiente que contempla la notificación al alcalde y la apertura de un periodo probatorio de diez días, durante el cual las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias. (I)