La muerte de una mujer registrada la noche del martes 7 de abril, tras caer desde un edificio en las calles 9 de Octubre y Los Ríos, pasó de ser un hecho bajo verificación a un caso procesado como femicidio por la Fiscalía General del Estado.
El suceso ocurrió alrededor de las 22:00, cuando unidades de la Policía Nacional del Ecuador, el Cuerpo de Bomberos y personal de la ATM acudieron al sitio tras una alerta. En la calzada fue hallado el cuerpo de la mujer, sin signos vitales.
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En el lugar se encontraba su acompañante, de 47 años, quien indicó que ambos estaban en el departamento consumiendo bebidas alcohólicas y que, en medio de una discusión, la mujer se habría lanzado desde el balcón.
Esa versión formó parte de las primeras diligencias levantadas tras el hecho, que generó alerta entre moradores del sector, quienes reportaron haber escuchado gritos minutos antes de la caída.
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Formulación de cargos y prisión preventiva
Dos días después, el 9 de abril, la Fiscalía formuló cargos contra Jesús Antonio H. G., pareja de la víctima, por el presunto delito de femicidio. Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la jueza dispuso prisión preventiva y ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 30 días.
Según la entidad, uno de los elementos clave fue un certificado del INEC que determinó que la causa de muerte corresponde a un hecho externo violento. Este documento permitió descartar, en esta etapa, que se trate de una caída accidental o voluntaria.
A esto se sumaron la denuncia presentada por una familiar de la víctima y la versión de otra pariente, quien refirió antecedentes de agresiones físicas y psicológicas atribuidas al ahora procesado. También se mencionó un intento previo de suicidio de la mujer en medio de problemas en la relación.
Durante la audiencia, la fiscal del caso presentó el acta de levantamiento del cadáver, la versión ampliada del agente aprehensor y la cadena de custodia de los teléfonos celulares de la víctima y del procesado.
Tras el hecho, el hombre fue aprehendido y quedó a órdenes de la autoridad judicial mientras se desarrollaban las primeras pericias y recopilación de testimonios.
En las primeras horas, el caso se mantenía en verificación para determinar si se trataba de una muerte autoinfligida o de un hecho violento, mientras se analizaban las circunstancias de la caída.
Asimismo, la Policía informó en ese momento que el acompañante no pertenecía a la institución, lo que descartó versiones difundidas tras el suceso.
Penas y medidas de protección
Con la formulación de cargos, el caso se investiga bajo el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, que establece penas de entre 22 y 26 años de privación de libertad para el delito de femicidio.
La jueza dispuso además medidas de protección a favor de la denunciante, mientras continúan las diligencias dentro del plazo establecido. (I)