Municipio recibió 518 solicitudes para regularización de rejas, pero 149 han sido negadas

Desde que comenzó el proceso para regularizar las rejas en los vecindarios, la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública del Municipio de Guayaquil ha recibido 518 solicitudes.Este proceso arrancó cuando la ciudad implementó una ordenanza que regula la ocupación del espacio público mediante la colocación de elementos de seguridad.La ordenanza surgió en un momento en que en barrios y ciudadelas se estaban instalando rejas debido a la inseguridad.Esta normativa pretende regular las rejas instaladas y las que se pretendan instalar.De los 518 requerimientos, 149 fueron negados por no cumplir con los requisitos.Entre las razones para el rechazo se encuentran no contar con el respaldo de firmas de, al menos, el 70 % de los propietarios de los inmuebles de la zona o no estar al día en impuestos prediales y en la tasa de recolección de basura.Según el Municipio, el Comité Barrial Lomas de Sauces 9 está entre los primeros barrios que recibirán el permiso.Los vecinos colocaron dos portones vehiculares y uno peatonal. Ellos cumplieron con los requisitos necesarios en beneficio de 28 viviendas.Juan Carlos Delgado, presidente del comité barrial, contó que los vecinos mostraron la intención de acogerse al proceso de regularización para “blindarse” de la delincuencia.La Dirección de Vía Pública del Municipio recuerda que los portones no deben poseer una viga superior fija que dificulte el ingreso libre vehicular, las columnas de los portones no podrán ser de hormigón, las estructuras no podrán ser de placas metálicas o de cualquier otro material que impida visualizar el interior y exterior de la vía.Además, las estructuras deberán ser de material resistente y pintadas con pintura anticorrosiva de color blanco, negro o verde, y no encontrarse deterioradas o en mal estado. De igual manera, no tienen que obstaculizar el acceso de personas con movilidad reducida.Según los requisitos, se debe realizar un solo pago por servicios administrativos, que corresponde al 5 % del salario básico unificado ($ 23). Una vez aprobada la instalación del implemento, se deberá cancelar un valor de entre el 5 % y el 10 % del salario básico, de acuerdo con el caso. (I)

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