Con un Salón de la Ciudad copado de ciudadanos, personeros municipales se presentaron ante la audiencia de acción constitucional interpuesta por el Municipio de Guayaquil para continuar con los procesos contractuales de la construcción de un paso a desnivel en el norte de la ciudad.

Este proyecto prevé el levantamiento en un viaducto en la avenida de las Américas e Isidro Ayora.

A las 14:00, en primera fila del auditorio se instalaron la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, el síndico municipal, Cristian Castelblanco, entre otros delegados del cabildo. Detrás de ellos, un grupo de ciudadanos dio seguimiento a cada una de las presentaciones.

Unos minutos después, la audiencia se instaló con cada una de las partes conectadas, entre estas, el Municipio, Servicio Nacional de Contratación Pública, Procuraduría General del Estado y Metain, la contratista demandante, a través de medios telemáticos.

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Cristian Castelblanco, síndico municipal, fue el primero en exponer sus alegatos.

Al inicio dijo que este es “uno entre mil procesos contractuales”, que manejan al año, que tiene inconvenientes de medidas judiciales y que detiene el avance de obras en la ciudad.

En la primera parte hizo varias observaciones sobre los alegatos de la contratista, como derechos vulnerados y medidas de reparación. Con ello, pidió que la sala de lo penal revoque la sentencia dictaminada en principio a favor de la parte demandante.

Dijo que la propuesta de la parte demandante es de un millón aproximadamente mayor en comparación con otra oferta.

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“Todos estos pedidos de medidas reparatorias constituyen un atrevimiento con el objeto de lograr la adjudicación del contrato a su favor pidiendo que se apruebe todo aquello que no pudieron cumplir ni presentaron...”, señaló el síndico y aseguró que se respetaron derechos de la parte demandante.

Luego, la alcaldesa Viteri hizo un resumen de lo propuesto.

Ella dijo que la gestión municipal ha sido calificada de “transparente” en procesos contractuales y agregó que se quiere “quitar” un millón de dólares a la ciudadanía, que se pueden destinar a diversas actividades sociales. “Lo que se quieren llevar se quita de la boca de la gente que aquí se beneficia sobre todo de servicios sociales que da el Municipio”, dijo.

Tras ello, la funcionaria se retiró de la sala, que también estuvo acompañada de la prefecta del Guayas, Susana González, y del director de Obras Públicas, Andrés Burbano.

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Luego de ello, representantes del Sercop y Procuraduría sostuvieron que las entidades públicas actuaron dentro del marco de sus competencias.

El representante de la segunda entidad, Adrián Sierra, aseguró que en ningún momento han vulnerado derechos constitucionales que deban ser tutelados a través de una acción de protección.

Por su parte, representantes legales de la parte demandante indicaron que no hay la pretensión de detener obras en Guayaquil y sostuvieron sus reparos para la presentación de la acción de protección para “nivelar la balanza” en el proceso, entre esos constaron omisiones y vulneraciones de derechos.

Luego de tres horas de la presentación de alegatos por cada una de las partes involucradas se suspendió la audiencia.

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En los próximos días se espera que el tribunal de lo penal emita el dictamen sobre esta acción judicial. El fallo será notificado a correos electrónicos.

Al final de la audiencia, Casteblanco dijo que existe otro caso de un viaducto que se prevé construir en avenida Juan Tanca Marengo que también se encuentra en apelación de una acción de protección concedida a la parte demandante, que es la misma del proceso de la obra de la avenida de las Américas.

Ambos litigios, según Casteblanco, mantienen en suspenso las dos obras que debieron iniciarse hace dos meses aproximadamente. Los dos proyectos tienen un presupuesto referencial de $23 millones y $ 12 millones, respectivamente. (I)