Durante los últimos días, vecinos de diferentes sectores de Guayaquil han expresado su malestar porque espacios públicos son usados como urinarios.

Unos han pedido que haya controles, que se apliquen las multas existentes o se usan las cámaras municipales para sancionar a los que incumplen la ordenanza.

La activista política Lourdes Garay sostuvo que el problema va más allá de la falta de infraestructura; también compete la ausencia de controles, educación ciudadana y cumplimiento de normas municipales ya vigentes.

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Garay, quien trabajó cerca de 20 años dentro del Municipio de Guayaquil durante administraciones anteriores, aseguró que la ciudad cuenta desde 1992 con una ordenanza de vía pública que contempla sanciones para distintas infracciones relacionadas con el orden urbano, entre ellas realizar necesidades biológicas en calles, veredas o espacios públicos.

“La ordenanza existe y contempla sanciones. Si no ha sido reformada, la multa corresponde al 20 % del salario básico unificado. El problema es que dejaron de aplicarse correctivos y controles”, manifestó.

Dentro de la normativa municipal vigente se establece la prohibición de “realizar necesidades biológicas en espacios públicos”, mientras que el cuadro de sanciones contempla multas económicas para quienes incumplan esa disposición.

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La ordenanza además faculta controles relacionados con higiene, manejo de desechos y conservación del espacio público.

Herramientas para identificar infractores

La activista señaló que parte de las herramientas para identificar infractores ya existen dentro del sistema municipal, entre ellas cámaras de videovigilancia y expedientes administrativos manejados por áreas de control urbano y justicia y vigilancia.

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“Si tienen cámaras y placas de vehículos, perfectamente podrían iniciar procesos sancionatorios. Esto no se trata de perseguir a nadie; se trata de recordarle a la gente que existen normas y que la ciudad necesita orden”, expresó.

Más allá de los baños públicos

Garay indicó además que la discusión no debe centrarse únicamente en construir más baños públicos. Se deben hacer cumplir regulaciones ya existentes relacionadas con establecimientos comerciales y estaciones de servicio.

La ordenanza municipal también establece disposiciones sobre condiciones sanitarias en determinados establecimientos y controles vinculados al funcionamiento de locales comerciales.

En ese contexto, indicó que “no se trata de generar más infraestructura ni más gasto. Hay ordenanzas que establecen que los locales comerciales, sobre todo, los de expendio de comida, deben tener baños habilitados. Las gasolineras también cuentan con baterías sanitarias y muchas veces, la gente simplemente decide no utilizarlas”, sostuvo.

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Vacío de autoridad y corresponsabilidad

Dentro de sus observaciones, Garay mencionó que las conductas relacionadas con basura, ocupación informal de espacios públicos y personas orinando en calles comenzaron a intensificarse tras la pandemia, período en el que, a su criterio, se redujeron operativos municipales vinculados con el control del espacio público.

La activista sostuvo que actualmente existe un “vacío de autoridad” en temas relacionados con el orden urbano y cuestionó la falta de presencia de áreas municipales vinculadas con fiscalización y justicia y vigilancia.

“Las ordenanzas sirvieron durante años para mantener controles sobre recolección de basura, uso de veredas y recuperación de espacios públicos. No estamos hablando de crear nuevas leyes; hablamos de aplicar las que ya existen”, indicó.

Garay insistió en que la discusión tampoco debe limitarse únicamente al Municipio y señaló que existe una responsabilidad compartida sobre el estado de la ciudad. La campaña “¿Hay alguien en casa?” nació precisamente alrededor de esa idea, enfocada en promover corresponsabilidad y recuperación de normas básicas de convivencia.

“No se trata de esperar que alguien venga a decirte qué hacer. Hay obligaciones básicas como respetar señales, cuidar la vereda, sacar la basura a la hora correcta o no convertir la calle en un baño público”, manifestó.

Durante la entrevista, la activista también relacionó este debate con problemas vinculados a motocicletas circulando sobre veredas, acumulación de basura y deterioro de sectores regenerados. A criterio de Garay, recuperar el orden urbano pasa por controles institucionales, cumplimiento de ordenanzas y educación ciudadana.

“La ciudad no puede seguir funcionando bajo la idea de que todo está permitido. El cambio comienza cuando el ciudadano vuelve a entender que Guayaquil también es responsabilidad suya”, señaló. (I)