Unos 600.000 predios hay en Guayaquil, según la Dirección de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero del Municipio de Guayaquil (Decam).

Sin embargo, hay inmuebles o aumentos en casas o edificios que no constan en el catastro municipal. Para actualizar esa base de datos, el cabildo impulsa desde agosto de 2020 un proceso de registro excepcional que ofrece facilidades al usuario, tanto en la reducción de tramitología como en el pago, a través de la “Ordenanza sustitutiva a la ordenanza especial para la actualización catastral de edificaciones concluidas que no cuentan con inspección final y/o registro catastral y con uso de suelo distinto al que consta en el sistema de catastro”.

“Buscamos la manera de hacerlo, ya que el Municipio no tiene los recursos en estos momentos para constatarlo, (y nos dijimos) ‘hagámoslo al revés, que sea de forma declarativa’, es decir, que el usuario venga y diga ‘yo tengo esto construido’, se le cobra una multa básica o mínima y se le exige un plano básico”, explica Christian Ponce, director de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero (Decam).

Según Ponce, los gastos en planos para el usuario se reducen significativamente: sin la ordenanza, esos gastos rondarían los $ 3.000 o $ 4.000, en casos relacionados con edificaciones de hasta 500 metros cuadrados; mientras que, en la actualidad, ese rubro representaría un desembolso de $ 200 a $ 500.

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Asimismo, las multas que se deben cancelar son bajas en comparación con los valores regulares, asegura el funcionario.

“El plano básico que se exige tiene que describir los linderos y otras dimensiones del predio, la forma que tiene la edificación, cuántos pisos tiene, qué material se usó, cómo está construida, para poderlo ingresar al catastro. Una vez ingresado al catastro, se cobra una multa por ley, lo más bajo posible dentro de lo legal, que es el 10 % de un salario básico unificado hasta los 500 metros cuadrados, para no perjudicar a los que menos tienen. Pasados los 500 metros hasta los 1.000 metros cuadrados, la multa es del 200 % del salario básico unificado; y, si es mayor a 1.000 metros cuadrados, 400 % del salario básico unificado”, detalla el titular de la Decam.

Los usuarios que necesiten acceder a este beneficio pueden hacerlo hasta agosto de este año, mes en que termina el plazo establecido en la ordenanza de actualización catastral.

“En total, se ha otorgado desde 2017 (5.957) hasta la presente fecha (diciembre de 2021) un total de 22.732 registros de construcciones. Se refleja disminución en los años 2019 (3.970), 2020 (3.411) y 2021 (3.561) por factor económico, político y pandemia”, informa el Municipio de Guayaquil.

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Tríptico sobre trámite de regularización de edificaciones. Cortesía.

En Guayaquil, dueños de inmuebles ya pueden actualizar catastro y regular construcciones de una forma más sencilla

¿Descuido o inobservancia ciudadana?

El descuido o la inobservancia de ordenanzas también se evidencia en las construcciones que se ejecutan sin permisos. Por ejemplo, en el 2021, más de 2.000 construcciones fueron detectadas con ese problema por la Dirección de Justicia y Vigilancia.

Xavier Narváez, titular de esa entidad municipal, refiere que el cabildo cuenta con diez inspectores.

“Recorren la ciudad en distintos sectores y encuentran construcciones que no tengan permiso. Hacen el reporte, eso va a una comisaría, el delegado luego va al sitio, pone la paralización de la obra, entrega la citación. El delegado oficia a la Dirección de Urbanismo para que técnicamente le informe los valores que se han invertido en esa obra para proceder, en un proceso administrativo, a imponer la sanción que corresponda”, explica el funcionario.

Los ciudadanos, añade, también pueden denunciar ese tipo de construcciones o casos de edificaciones que estén vetustas y que podrían poner en riesgo a los peatones.

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“Ahí también se inicia el proceso administrativo para analizar si corresponde el derrocamiento o la reparación”, dice.

Fotografía de la ciudad

El Municipio de Guayaquil impulsa la contratación de un servicio para fotografiar los inmuebles construidos en la ciudad, además de árboles, postes, bancas, entre otro mobiliario público, cuyo resultado será similar al que ofrece Google con su producto Street View, para actualizar la información de las casas y edificios que hay en la urbe, por $ 1,6 millones. Con esa data se podrán identificar las construcciones que no han sido declaradas, añade Christian Ponce, director de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero (Decam).

El año pasado, el cabildo recibió 12.000 requerimientos de regularización de predios. Unos 4.000 fueron aprobados, según la municipalidad. El resto obtuvo errores por falta de firmas u otros requisitos.

Al finalizar el plazo establecido en la ordenanza, los usuarios que no regularicen su predio tendrán que pagar multas que ya no se calcularán con base en el salario básico unificado, sino con el monto de la inversión para realizar la construcción no declarada.

“Si es una edificación de un avalúo de $ 50.000, de una villita, la multa será de $ 5.000, versus los $ 40 que puede pagar ahora”, destaca el funcionario. De igual forma, la ordenanza contempla la actualización del uso de suelo de los predios. (I)

Información sobre trámite municipal. Cortesía.