El Municipio de Guayaquil aseguró que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene paralizados 42 procedimientos contractuales pertenecientes a 12 direcciones y empresas municipales.
De ellos, al menos 16 corresponden directamente a la administración central del cabildo.
Según la autoridad local, varias de estas suspensiones superan los 50 días sin pronunciamientos oficiales, mientras otros casos acumulan demoras que rondan un año.
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El coordinador general jurídico del Municipio, Alfredo Poveda Valdivieso, expuso que la problemática no es reciente ni aislada. Además, alega que el patrón de paralizaciones es “selectivo” y coincide con diferencias políticas entre el Gobierno central y el alcalde Aquiles Alvarez.
“Esto ya no es técnico, es político. Buscan maniatar al Municipio. Creo que el bloqueo es selectivo y quirúrgico. Lo que buscan es impedir el servicio a los ciudadanos y silenciar una voz disidente que molesta al poder: la voz del alcalde Aquiles Alvarez”, declaró.
“Hace exactamente un año, el 18 de noviembre de 2024, uno de los procesos de comunicación fue detenido y luego reactivado con un plazo de 72 horas para habilitarse nuevamente. Estamos a 25 de noviembre de 2025 y hasta ahora ese procedimiento no ha sido rehabilitado”, señaló.
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Añadió que “al igual que ese proceso, que lleva más de 365 días inhabilitado, existen 40 procedimientos más suspendidos de forma injustificada”.
Poveda advirtió que estas paralizaciones afectan derechos esenciales. “Son 42 procesos detenidos que atentan contra los derechos constitucionales de los guayaquileños, incluido su derecho a estar informados y a estar prevenidos frente a desastres naturales”, dijo.
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Según Poveda, este escenario habría generado retrasos injustificados que afectan la operatividad institucional y la ejecución de obras, proyectos culturales, programas deportivos y acciones preventivas para la temporada invernal.
Entre los procedimientos paralizados figuran contrataciones para difusión institucional en radio y televisión, adquisición de uniformes para los agentes municipales, compra de kits de emergencia, servicios de imágenes satelitales y ejecución de proyectos culturales y deportivos.
Según la administración municipal, esta situación afecta directamente el derecho ciudadano a recibir información pública oportuna y limita la capacidad de respuesta ante el invierno de 2026.
La administración sostiene que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y documentales, pero el levantamiento de las medidas depende exclusivamente del Sercop.
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El Municipio advirtió que esta situación limita el derecho ciudadano a recibir información pública oportuna, una obligación estatal que incluye datos sobre obras, cronogramas, seguridad, alertas y programas sociales.
También exigió al Sercop resolver los expedientes con celeridad y evitar -dijo- el uso político de herramientas administrativas. (I)
