¿En qué casos la Policía Nacional puede ingresar a los planteles educativos?

El incidente ocurrido este lunes 6 de noviembre en un colegio fiscal de Durán, en el que dos estudiantes resultaron heridos de bala, ha puesto en el ojo de la opinión pública los protocolos de acciones de respuesta que tiene la Policía en estos casos.

Más aún cuando el plantel donde se reportó el hecho es parte de 20 establecimientos fiscales que son parte del programa Escuela Segura. En total en la ciudad ferroviaria hay 61 unidades educativas fiscales.

Este es un programa que apunta a la prevención contra el delito y la violencia, que consiste en que los uniformados de la Policía Nacional visitan los centros educativos, entre otras cosas, para dar charlas a los estudiantes y evitar la formación de pandillas y bandas delictivas.

Pero en la práctica este programa ha tenido reparos en la comunidad educativa. Padres de familia del colegio de Durán, donde se suscitó la alerta por la que el Ministerio de Educación dispuso tres días de virtualidad, y de otros planteles cuestionan que a los policías solo se los ve poco tiempo, a las horas de entrada y salida de los establecimientos.

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En el caso puntual de Durán se pide, por ejemplo, que la Policía realice requisas dentro y fuera de escuelas y colegios, pues los padres consideran que aquello contribuiría de manera más efectiva a la prevención del delito.

Por su parte, cuando se han dado episodios de violencia en los colegios han expuesto su incomodidad, ya que su accionar se ve limitado por la ley y la protección de derechos de los menores.

Estos son los parámetros bajo los cuales se rige el ingreso de la Policía Nacional a las instituciones educativas y que constan en el protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del sistema educativo, un documento público:

- Toda intervención policial debe realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

- Las actuaciones policiales deben garantizar la privacidad e integridad física y psicológica de las y los estudiantes, por lo que no están permitidos los registros arbitrarios e indiscriminados.

- No se realizarán registros a los estudiantes menores de 12 años, ni a estudiantes que no estén vinculados con el caso, esto incluye la realización de registros colectivos.

- Los medios de comunicación no deben ser parte de los procesos investigativos o actuaciones policiales, con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes manteniendo su derecho a la privacidad.

- En caso de que se requiera realizar un registro al o la estudiante identificado/a, se lo realizará en presencia de la autoridad educativa, del o la profesional del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), representante legal y/o tutor o, de ser el caso, un/a representante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, con un servidor o servidora del mismo género de acuerdo con lo establecido en el art. 478 del COIP.

- El registro se lo realizará en un entorno privado y que garantice la confidencialidad y la reserva (pudiendo ser el despacho de la autoridad educativa o del profesional Departamento de Consejería Estudiantil), evitando llamar la atención de las demás personas de la comunidad educativa en la medida de lo posible.

- En caso de presumir riesgo inminente para un estudiante menor de 12 años se solicitará la presencia del representante legal y/o tutor con el fin de que se realice el registro a las pertenencias del o la estudiante.

- El registro que se realice será a las pertenencias y no corporal. El registro se llevará a cabo de manera superficial. Nunca se realizará un registro que atente contra el derecho a la intimidad, como el retiro de prendas de vestir o la inspección de ropa íntima. (Sin cacheo y sin pedido de desvestirse).

- No se ejercerá ningún tipo de coerción física ni psicológica hacia ninguna persona. En casos de flagrancia el protocolo establece, entre otras normas, las siguientes:

- Las y los servidores policiales receptarán información de infracción flagrante (delitos y contravenciones) por parte de un/a estudiante en el interior de la institución educativa, a través de denuncia o notitia criminis en el SIS ECU911, o cualquier otro medio.

- Las y los servidores policiales reportarán su traslado hasta el lugar de los hechos e informarán las acciones desarrolladas antes, durante y después del procedimiento policial al SIS-ECU911.

- Una vez en el lugar del hecho, se tomará contacto con las autoridades del plantel a quienes se informarán de manera clara los motivos de la presencia de la Policía Nacional, a fin de coordinar el ingreso y ejecutar el procedimiento policial correspondiente, se identificará y se contactará con la persona que proporcionó la información de ser el caso.

- En todo momento la o el servidor policial a cargo del procedimiento precautelará la integridad de las víctimas poniéndoles a buen recaudo, de ser necesario se coordinará con las unidades de emergencia correspondientes a través del SIS ECU911.

- De existir adolescentes o adultos aprehendidos durante el procedimiento policial, las y los servidores policiales procederán al respectivo registro físico, respetando su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva, identidad de género, diversidad sexual, condición de discapacidad.

Durán es una de las ciudades con incremento de violencia criminal, cuyos tentáculos han alcanzado a los planteles educativos.

De hecho, en ocasiones anteriores funcionarios policiales han manifestado que en al menos seis establecimientos han detectado que estudiantes integrarían bandas delictivas.

Por eso, el pedido de los padres de familia es que el accionar policial sea más riguroso a fin de precautelar la seguridad de sus hijos. (I)