Ni los estados de excepción, controles militares en las calles, ni otras acciones ejecutadas por el Gobierno nacional han sido suficientes para frenar los actos delictivos y muertes violentas en Guayaquil. Ante ello, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que buscará la manera de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que el cabildo porteño siga aportando con recursos en materia de seguridad.

Lo hizo la noche del martes durante un conversatorio en el que habló de sus tres años de gestión como administradora de la ciudad.

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“Me veré obligada a hacerles una pregunta a los guayaquileños, buscaré el medio. ¿Quieren que se sigan aportando sus recursos a herramientas para la Policía Nacional y Gobierno central en materia de seguridad? ¿Quieren que se siga haciendo? ¿Creen ustedes que han dado resultados o los vuelvo a destinar a obra pública u obra social?”, expresó la funcionaria.

A inicios de este mes, en entrevista con EL UNIVERSO, Viteri señaló que el Municipio ha destinado $ 27 millones en seguridad, cifra que, dijo, representa el 4 % del presupuesto anual que debería destinarse a obra pública. Y añadió que tiene pedidos que superarían el millón de dólares.

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Vehículos, tecnología, combustible y conductores son, entre otros, los aportes del cabildo porteño.

Esto, remarcó la alcaldesa, pese a que la seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado, según la Constitución.

“Cada vez nos piden más y más recursos económicos. La Policía seguirá con nuestro apoyo, pero necesitamos los resultados todos los días”, expuso la funcionaria este martes durante el conversatorio sobre su gestión.

Un lote de 60 camionetas de este tipo (foto) de la CSCG se han destinado para patrullajes en la ciudad. Foto: Cortesía Municipio de Guayaquil

Nelly, quien pidió la reserva de su apellido por seguridad, es dueña de un negocio en el sector conocido como entrada de la 8, en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. La mujer se mostró de acuerdo con que si el cabildo aporta para la seguridad exija resultados, que eso también es lo que espera la ciudadanía: ver el fruto de las acciones que se desarrollan para contrarrestar los índices delictivos.

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“Qué hace que una autoridad dé el dinero, pero no exige resultados, entonces, estamos en las mismas”, sostuvo la mujer, que tiene más de una década en la zona.

Allí muchos comerciantes y propietarios de negocios son renuentes a hablar con la prensa, porque aducen ser víctimas de “gatilleros” (sicarios) que les cobran un dinero semanalmente por darles “seguridad” y no atentar contra sus vidas o las de sus familias.

“Como ciudadana yo he tenido la necesidad de ir a buscar ayuda donde los policías. Cuando vamos, los policías nos dicen que tienen operativos o que tienen otros llamados o simplemente no vienen. O lo que nos dicen es: ustedes tienen que colaborar como ciudadanos, si ya ven que está desolado (el sector), retírense. O sea que nosotros como dueños de negocios que cerremos nuestros negocios para que podamos estar seguros en nuestras casas”, contó Nelly con desazón.

Otro sitio de Guayaquil donde los moradores viven en zozobra por la incidencia delictiva es Socio Vivienda, también en el noroeste de la urbe. Blanca Andrade, quien vive en la primera etapa de dicho plan habitacional, consideró que el presupuesto que el Municipio invierte en colaborar para la seguridad es “plata perdida”.

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“Aquí hay un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), aquí a la vueltita nomás (de su casa) y al ladito roban, y hay un UPC y al frente es el colegio y ahí están vendiendo droga. O sea, para qué, pues, si no van a hacer su función (…) ese gasto (recursos de aporte) es por gusto”, comentó ella.

Andrade, quien vive desde hace ocho años en Socio Vivienda 1, comentó que por el sector no ha visto pasar las camionetas negras del operativo Perla Élite.

Desde el pasado 5 de mayo, 20 de esos vehículos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) son utilizados exclusivamente por la Policía Nacional para realizar operativos contra la inseguridad, en el marco del estado de excepción que rige en Guayas.

Militares ejecutan control, principalmente, de tenencia de armas en los sectores identificados como conflictivos en Guayaquil. Foto: Mauricio Torres

En las otras 40 camionetas (de 60 en total) van policías, metropolitanos y militares, que recorren diversos sectores del Puerto Principal.

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Andrade mencionó que preferiría que con los recursos destinados por el cabildo para colaborar con la seguridad se construyera en su sector un centro médico y un establecimiento educativo municipal.

“Para tener una plata muerta, mejor hacer obras que verdaderamente le van a servir a uno”, remarcó la mujer.

Guillermo Leones, coordinador de la Unión de Organizaciones Comunitarias de Plan Piloto, refirió que lo adecuado sería que, así como el Municipio colabora en materia de seguridad pida resultados. El dirigente mencionó que al tener el cabildo corresponsabilidad en este aspecto no puede obviar aquello.

Pero dijo que en este tema, al igual que en otros, es necesario promover la participación de la ciudadanía y que eso no se ha cumplido del todo en el Puerto Principal durante la administración de Viteri.

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“Se debe exigir que se hagan los consejos de seguridad en cada UPC y UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) o su circuito y que estén conformados por la comunidad, para que le rindan cuenta a la comunidad, y esos miembros deben también integrar el Consejo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil”, manifestó el dirigente, y añadió que esto consta en el literal n del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad).

Actualmente Guayaquil, junto con Durán y Samborondón, forman parte de una de las jurisdicciones con más índices de muertes violentas a nivel nacional. Se trata de la Zona 8, territorio que hasta este miércoles tuvo más de 520 crímenes. (I)