A través de redes sociales se promociona la venta de carnés y certificados de vacunación en varias ciudades, incluyendo Guayaquil. Esto fue denunciado por ciudadanos y ahora se evidencia a través de cuentas de Facebook o grupos de WhatsApp.

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En las publicaciones en redes sociales se anuncia que se entregan los datos de la persona que necesite el documento y que supuestamente se lo ingresa en el sistema del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por este proceso se piden $ 20 para entregar el documento, detalló una moradora de las Acacias, en el sur de Guayaquil.

Adicional a este mecanismo, otros denunciantes indicaron que también por WhatsApp se ofrecen estos servicios. Allí piden $ 30 por el documento e incluso se lo llevan al domicilio. “Muchos aprovechan de que hay gente que no se quiere vacunar porque le teme a la vacuna, porque dicen que tienen chip, entonces caen en las redes. Ahora también las largas filas hacen que las personas desistan y busquen estas opciones”, comentó un ciudadano en exteriores del vacunatorio en el Colegio José María Egas.

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Estas denuncias de certificados falsos también se han replicado en Quito. Así como la elaboración de certificados médicos falsos para que personas puedan ingresar como grupos vulnerables y acceder a la dosis sin que les corresponda la fecha, según el cronograma.

El Ministerio de Salud Pública lleva adelante el nuevo Plan de Vacunación 9/100 con el que prevee tener 9 millones de ciudadanos vacunados con ambas dosis para septiembre próximo. Hasta la fecha se han aplicado más de 10 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis en todo el país.

Autoridades pidieron a la ciudadanía evitar caer en engaños, ya que pueden ser estafados.

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El fiscal César Peña indicó que en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se detalla que la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos en la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)