Las edilas Ana Belén Chóez y Cinthia García solicitaron a la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento jurídico respecto a la legalidad del acto de subrogación de la Alcaldía.
Este sería el segundo documento emitido tras la sesión del 26 de marzo en la que el pleno del Concejo Municipal trató la “ratificación” de la subrogación de funciones de Tatiana Coronel como alcaldesa de Guayaquil, en reemplazo de Aquiles Alvarez, quien permanece en la Cárcel del Encuentro por tres investigaciones judiciales en su contra.
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Ese día, hubo mayoría de votos a favor de la medida, así como votos de abstención, como el de Soledad Diab, y en contra de Cinthia García. El pedido fue mocionado por Arturo Escala, tras pedir un cambio del orden del día.
En el oficio enviado el 27 de marzo al procurador Juan Carlos Larrea Valencia y recibido este lunes 30 se solicita un pronunciamiento jurídico motivado sobre la legalidad del acto descrito, que se establezcan criterios claros respecto a la aplicación de la figura de subrogación en autoridades de elección popular.
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En el mismo documento se pide que se determinen los parámetros normativos que deben observar los gobiernos autónomos descentralizados en situaciones de ausencia o impedimento de sus autoridades.
Además, dentro de la consulta jurídica, Chóez y García solicitan una respuesta sobre si es jurídicamente procedente la subrogación de un alcalde “sin que exista una ausencia legalmente reconocida conforme al ordenamiento jurídico”.
Otra de las interrogantes planteadas es si puede considerarse la medida de prisión preventiva como una causal suficiente para habilitar la subrogación de funciones dentro del régimen de los gobiernos autónomos descentralizados, también que se determine el procedimiento legal que debe observar un Concejo Municipal en estos casos y los efectos jurídicos se derivan de un acto administrativo de subrogación adoptado sin cumplir los requisitos legales establecidos. (I)