Denuncias y recursos judiciales se ventilan por prohibición de clases presenciales en planteles de Guayaquil

La prohibición de clases presenciales en Guayaquil, dictaminada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, ha motivado la clausura de ocho planteles educativos fiscales y particulares en la urbe en los recientes días.La implementación y oposición a esa medida se trasladó al sistema judicial para hallar una solución a la falta de consensos por parte de las autoridades municipales y gubernamentales en medio de la situación epidemiológica, marcada por el aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19.La regulación local se contrapone a la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que dio el aval para el retorno progresivo y voluntario a los planteles educativos desde esta semana para aquellos que cuenten con el Plan Institucional Continuidad Educativa (PICE) autorizado por el Ministerio de Educación.Mientras tanto, educadores esperan una solución al problema. Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal) y rectora del colegio Semillitas, comentó que las decisiones gubernamentales y locales “preocupan” al gremio educativo y la paralización de actividades presenciales en las aulas perjudica la educación de los estudiantes locales tanto a nivel académico como emocional.Ella agregó que todos los planteles agremiados mantienen estrictos controles de bioseguridad para evitar infecciones entre los estudiantes. En el caso de su institución, entre el 30 % y 40 % de la comunidad educativa ya se acogía al plan de retorno a la presencialidad.“Cumplimos con medidas de bioseguridad a lo largo de todo el año lectivo, y nos clausura, y sin embargo en el Malecón 2000, que pertenece al Municipio, no hay ningún distanciamiento, en los juegos no hay ningún distanciamiento. Tenemos seis meses con clases presenciales y no tenemos ni un contagiado en la institución, se contagian en los juegos, en el cine, malecón, en las fiestas”, comentó y argumentó que la decisión de volver a las aulas debe recaer netamente en los representantes de familia, ya que muchos han retomado sus actividades laborales presenciales o conviven con dificultades de aprendizaje con sus hijos o por falta de equipos tecnológicos.A su vez, Kléber Sigüencia, abogado constitucionalista, explicó que hay determinadas competencias exclusivas como la educación y salud que están a cargo del Gobierno central, según el artículo 3 de la Constitución. Bajo esa premisa, el Ministerio de Educación tiene el aval para decidir el plantel que puede tener clases presenciales, dijo.En materia de salud, ante el incremento de contagios del virus, el abogado dijo que el Municipio puede tomar decisiones para reforzar medidas de bioseguridad en planteles educativos sin tener que interferir con un mandato constitucional. En el caso del cierre de las instituciones, él consideró la medida como “desproporcional”, porque estaría atentando contra el deber primordial del Estado de garantizar la educación.El constitucionalista consideró que el Municipio debería solicitar que se intensifiquen medidas sanitarias como la exigencia de pedido de requisitos, como carné de vacunación a estudiantes y resultado negativo de una prueba de COVID-19 para aquellos alumnos que acudan al menos durante las próximas semanas hasta que se regularice la situación sanitaria.La tarde de ayer, Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación, aseveró que hay una vulneración de derechos al pleno acceso al derecho a la educación, por lo que se interpusieron las acciones de garantías jurisdiccionales correspondientes.“Esto a fin de requerir que sean las autoridades judiciales, dentro del marco legal vigente en nuestro país, quienes dejen sin efecto dichas decisiones ilegítimas y que adolecen de vicios tanto en su concepción como en su ejecución por parte de la Municipalidad de Guayaquil”, comentó.A su vez, María Brown, ministra de Educación, ratificó que la Constitución establece que el Gobierno nacional tiene la competencia del acceso a la salud y la educación. Además, que se han emitido acuerdos ministeriales para regular la presencialidad, semipresencialidad y educación a distancia, incluyendo los planes de retorno progresivo y voluntario de estudiantes y docentes a instituciones educativas para precautelar con protocolos los posibles contagios de COVID-19.En Guayaquil se presentaron tres recursos: una acción constitucional de medidas cautelares, una acción de protección para que se revea la acción implementada con referencia a la prohibición de clases presenciales y clausura de planteles educativos y también acciones administrativas para impugnar la sanción municipal en planteles fiscales, explicó Brown. “Y brindaremos todo el apoyo a las dos instituciones educativas particulares que también enfrentan estas acciones, y que deberán contar con una acción de revisión”, dijo.Brown presentó varios de los aspectos positivos que acarrea el retorno a las actividades presenciales y las dificultades que mantienen alumnos y docentes con la educación virtual. Indicó, por ejemplo, que ocho de cada diez docentes tienen una computadora personal y seis de ellos cuentan con acceso a internet. Asimismo, el 84 % de docentes se contacta individualmente con los estudiantes, en su mayoría por llamadas telefónicas y a través de la red social WhatsApp.Ella mencionó que a partir del retorno a la presencialidad los representantes perciben que las condiciones emocionales de los estudiantes han mejorado.Agregó que en las dos recientes semanas se evidencia una baja de los contagios que, según ella, se concentra en la población económicamente activa de 20 a 49 años.Brown dijo que en Guayaquil hay 737 planteles privados y fiscales con el Plan Institucional Continuidad Educativa (PICE) aprobado.Por su parte, la mañana de ayer, la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Educación por no acatar la disposición del COE local de no tener clases presenciales.En marzo próximo se prevé la culminación del año lectivo 2021-2022. Actualmente, en otros cantones, incluyendo vecinos como Durán y Samborondón, el Ministerio de Educación mantiene el programa de retorno progresivo y voluntario de alumnos a las aulas de clases. (I)

Denuncias y recursos judiciales se ventilan por prohibición de clases presenciales en planteles de Guayaquil

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas