La Contraloría General del Estado presentó este jueves los resultados provisionales del examen especial cumplimiento de las ordenanzas municipales para la instalación y renovación de rótulos publicitarios tipos C1, C2, G1, G2 y G3, en los espacios públicos y privados de Guayaquil, sus reformas, codificación y sustitutivas.

En la ciudad, de acuerdo con la entidad, hay 518 piezas de este tipo. El cabildo, por su parte, indicó que al menos la mitad corresponde a las colocadas en la vía pública y el resto en propiedad privada.

Este jueves, 9 de febrero, se leyó el informe borrador que revisa el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022. Durante la lectura se indicó que este puede estar sujeto a cambios y modificaciones, por lo que no constituye un pronunciamiento definitivo de la entidad.

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La conclusión preliminar a la que llegó el órgano de control se resume en que existió falta de supervisión, coordinación y vigilancia por parte de tres direcciones municipales respecto al proceso de regularización de las vallas e incluso de las acciones a ejecutarse por incumplimiento de ordenanzas.

Citó, por ejemplo, que por la falta de censos entre los años 2017 y 2018 no se impusieron acciones sancionadoras sobre los ciudadanos o empresas con rótulos sin permisos. Asimismo, la falta de vigilancia incidió para que no se hayan controlado las pólizas de responsabilidad para daños a terceros.

Inicialmente, según el informe de la entidad de control, hasta mayo del año pasado quienes habían instalado los rótulos publicitarios debían alrededor de $ 6 millones al Municipio. Ahora, Contraloría habla de alrededor de $ 2,5 millones.

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Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, dijo que, al escuchar la lectura del informe borrador, existen ciertas contradicciones y confusiones. Por ello, desde el cabildo se presentarán los descargos en el plazo que está establecido (cinco días).

“Ellos hacen su trabajo que es técnico y nosotros tenemos que presentar los descargos del caso”, dijo.

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Por ejemplo, citó, que sobre el monto mencionado por Contraloría se requiere entender que las vallas siempre estuvieron sujetas a pagos a través de convenios. “Perjuicio realmente no existe. Que una valla no tenga permisos no significa que el vallero no haya pagado. El vallero hizo convenio y lo fue pagando a la Dirección Financiera como es un convenio, como cualquier persona que debe”, manifestó el funcionario.

En ese sentido, explicó, que se piensa que porque no tienen permisos significa que no pagan o están causando un perjuicio.

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Otra de las confusiones, detalló Narváez, es que se le atribuya funciones respecto a tema de vallas cuando, desde el 2021, se deslindó de la competencia y la asumió otra jefatura.

El Municipio respondió a este Diario, el pasado 26 de enero, que se encuentran iniciados más de 385 expedientes administrativos sancionatorios, dentro de los cuales, incluso, se han dispuesto varias medidas cautelares “con la finalidad de precautelar la seguridad ciudadana”

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El Comité de Coordinación Municipal para el Ordenamiento, Control, Funcionamiento, Cumplimento de Normas y Regulación del Espacio Público y Privado explicó que en lo que corresponde a la cantidad que se originaría por concepto de multas en los expedientes sancionatorios, en caso de ser encontrados como responsables.

Esta comprendería, de acuerdo con la ordenanza sustitutiva de la codificación y reforma de la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil (Registro Oficial del 16 de abril de 2021), a una sanción que fluctúa entre 25 a 40 salarios básicos unificados de los trabajadores, por cada una de las causas. (I)