“A todas luces, el alcalde no puede ejercer sus funciones”, sostuvo la concejala Ana Chóez (PSC) al referirse a la situación de Aquiles Alvarez. La edila señaló que, tras el ingreso de tres denuncias de remoción, el Concejo Cantonal tiene la obligación de dar trámite al procedimiento contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Chóez indicó que el proceso puede tomar entre dos y cuatro semanas antes de que el informe sea sometido a votación del pleno, donde se requieren las dos terceras partes de los votos, es decir, diez concejales.
En caso de no alcanzarse esa mayoría, afirmó que se puede presentar una querella ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Además, recordó que cualquier ciudadano, sin importar su lugar de residencia, puede interponer este tipo de solicitudes, ya que se trata de un derecho de participación.
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“Apelo a que no exista una omisión deliberada de los jurídicos. Nuestra obligación no es salvaguardar los intereses personales de alguien más, sino lo legal, y lo legal es dar paso a un trámite de remoción para evitar caer en un limbo institucional”, expresó.
Sobre el alcance del mecanismo, enfatizó: “No es un castigo, es salvaguardar el orden. Espero que se avance hacia un proceso de remoción”.
La concejala explicó que no presentó personalmente la primera denuncia porque entre el 8 de marzo y el 9 de abril se encontraba con licencia y en Barcelona, España. Señaló que la solicitud debe estar notariada, lo que le impedía gestionarla desde el exterior.
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En la mañana de este viernes 10 de abril, Chóez y la concejala Cinthia García remitieron un oficio a la Comisión de Mesa, en el que detallan los insumos jurídicos y fácticos que, a su criterio, deben incorporarse al expediente dentro del trámite de remoción iniciado tras la denuncia presentada el 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas.
En el documento se invoca el artículo 60 del Cootad, que establece las atribuciones y deberes del alcalde, como la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, la dirección de la administración y la convocatoria al Concejo Cantonal.
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Las ediles sostienen que la actual privación de libertad del alcalde configura una “imposibilidad material, física y jurídica” para ejercer esas funciones, lo que deriva en un incumplimiento objetivo.
También mencionan el artículo 333 del Cootad, que contempla las causales de remoción de autoridades de elección popular, entre ellas el incumplimiento de funciones legalmente establecidas.
Según exponen, la imposibilidad de ejercer el cargo, sumada a la falta de activación de mecanismos formales de ausencia temporal, puede subsumirse en esa causal.
Asimismo, hacen referencia a los artículos 333 y siguientes del Cootad como base del procedimiento en curso y señalan que corresponde al Concejo Cantonal garantizar el debido proceso, pero también resguardar la institucionalidad y la continuidad del servicio público, evitando cualquier omisión en la valoración de los elementos jurídicos y fácticos incorporados al expediente.
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Las acciones se producen en medio de un escenario marcado por la “ratificación” de la subrogación de funciones a Tatiana Coronel y la permanencia del alcalde Aquiles Alvarez en la Cárcel del Encuentro, donde cumple prisión preventiva.
El 8 de abril, el abogado David Mateo López Banegas, domiciliado en Quito, presentó la primera solicitud de remoción ante el cabildo. Posteriormente ingresaron dos nuevos pedidos: uno de Hugo Leonidas Córdova Hidalgo, residente en el centro de Guayaquil, y otro de Óscar Stalyn Velarde Muñiz, domiciliado en el sector de la Entrada de la 8.
En sus escritos, los ciudadanos sostienen que actúan en ejercicio de sus derechos de participación y control social, y plantean que el Concejo debe verificar si se ha configurado la causal legal de remoción por ausencia del cargo, respetando el procedimiento previsto en la normativa vigente.
Además, la Contraloría General del Estado informó que realizará una verificación preliminar sobre la subrogación de la Alcaldía a Tatiana Coronel, aprobada por el Concejo Cantonal, luego del pedido presentado por tres concejalas que cuestionaron su legalidad.
Las solicitudes deberán ser analizadas por la Comisión de Mesa, que elaborará un informe para que el pleno del Concejo resuelva conforme a lo establecido en el Cootad. (I)
