Tres concejales de Guayaquil piden a la Contraloría que de ‘manera urgente’ evalúe la legalidad de subrogación de la Alcaldía

Tres concejales de Guayaquil solicitaron de ‘manera urgente’ a la Contraloría General del Estado que se evalúe la legalidad de la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil, aprobada por el Concejo porteño, el 26 de marzo.El documento fue suscrito por las concejales Ana Chóez, Nelly Pullas y Cinthia García, del Partido Social Cristiano, este viernes, 27 de marzo.En la sesión 126, celebrada en el Salón de la Ciudad, se aprobó la “ratificación” de la subrogación de Coronel en reemplazo de Aquiles Alvarez, quien permanece en la Cárcel del Encuentro por tres órdenes judiciales en su contra.Semanas atrás, a partir de la aprehensión del alcalde, el Concejo ya había aprobado dos pedidos formales de licencia para el funcionario, sin embargo, esta vez, varios ediles expresaron su preocupación por no presentarse un documento físico que avale la solicitud.Pese a ello, con la mayoría de votos, el Concejo aprobó el pedido de “ratificación” de la subrogación de Coronel. Raúl Escala, edil, mocionó esta solicitud en la reunión. Hubo votos en contra, como Cinthia García, y además abstención de Soledad Diab.En ese sentido, en un documento dirigido a la Contraloría, las concejales advirtieron que no existían vacaciones ni licencias tomadas ni tramitadas por el alcalde titular, por lo que la subrogación carece de “fundamento legal”.Asimismo, indicaron, la aprobación se realizó mediante un trámite que no se encuentra respaldado por la normativa vigente, generando incertidumbre y vulnerando principios de legalidad y transparencia.Según las ediles, estas actuaciones podrían incurrir en contravenciones a disposiciones constitucionales y legales, como los artículos 226 y 227 de la Constitución, así como el artículo 67 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), y normativa municipal sobre subrogación de autoridades.Por ello, las concejalas pidieron a la Contraloría que analice con urgencia la legalidad del acto de subrogación, emitir pronunciamiento y, de ser necesario, disponer medidas correctivas para garantizar la legalidad, transparencia y estabilidad institucional.Durante la sesión del jueves, Chóez expresó su preocupación jurídica y técnica, ya que, según ella, no puede existir subrogación sin ausencia jurídica válida y no puede presentarse una ausencia válida sin licencia o vacaciones legalmente otorgadas. En ese sentido, ratificó que primero debe existir el acto habilitante para que luego comience la operación de la subrogación y advirtió que invertir el orden puede implicar actuar sin competencia, nulidad del acto, así como posible responsabilidad administrativa. (I)

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