Tras la notificación de la sentencia escrita por parte del Tribunal de Garantías Penales en el caso de los cuatro niños de las Malvinas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos dijo que estará “vigilante y haciendo incidencia para que se cumpla lo establecido en la sentencia”.
Esto mientras el proceso continúa con las apelaciones presentadas por dos defensas técnicas de los militares condenados.
Publicidad
Condenas y detalles del caso Las Malvinas
En la sentencia consta que once militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada. Mientras que otros cinco, que entregaron información durante la investigación, fueron sentenciados a 30 meses de cárcel.
El caso investiga la desaparición de Steven, Josué, Ismael y Nehemías en diciembre de 2024, luego de que fueran aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil.
Publicidad
En la sentencia consta que los 16 condenados deben pagar 800 salarios básicos unificados cada uno como multa. Y $ 10.000 cada uno como reparación para la familia de las víctimas.
Además, los uniformados finalmente serían desvinculados de la institución.
Fernando Bastias, integrante de la organización, informó que el tribunal notificó por escrito el fallo que reconoce la responsabilidad estatal en este caso.
“Se probó que los cuatro niños fueron aprehendidos el 8 de diciembre de 2024.
También el tribunal estableció como hecho probado que los niños fueron desviados de la jurisdicción y el comportamiento de los uniformados fue en contra de la ley”, agregó.
Según la sentencia, los menores fueron sometidos a violencia física y psicológica.
Reparación integral y disculpas públicas
Bastias dijo que entre los puntos importantes de esta sentencia está la reparación integral.
El tribunal ordenó disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Con ello se busca restituir la memoria de las víctimas.
El integrante de la CDH añadió que solicitarán que este acto sea presencial. “El ministro tiene que sentarse frente a las familias, disculparse y rectificar la posición”, agregó.
El director de la CDH, Billy Navarrete, dijo que este fallo sienta un precedente para otros casos similares. “La Fiscalía tiene un registro de 44 casos de personas detenidas y desaparecidas. Nosotros hemos acompañado incluso patrocinando a 36 de esos 44”, puntualizó.
El llamado de la CDH y los próximos pasos legales
“Buscamos hacer un llamado al Gobierno, que tiene la oportunidad de, independientemente de que se ejecute dicha sentencia, llevar a cabo una reparación integral adecuada en función de las disculpas públicas. No se tiene que esperar a que haya una sentencia ejecutoriada para reconocer algo que desde el primer día lo sabíamos y se negaba a mencionarlo y es que los niños son inocentes y son víctimas de desaparición forzada”, indicó la CDH.
En ese sentido, el Comité va a presentar un recurso de ampliación en función de las medidas de reparación integral.
El recurso de ampliación busca clarificar el alcance de las medidas de reparación integral, los plazos, la modalidad. Con ello se busca que quede claro qué es lo que tiene que hacer cada institución pública.
El recurso se espera presentar hasta este viernes, 27 de febrero.
Bastias indicó que, luego de ello, aún se mantiene en análisis la pertinencia de acudir a instancias internacionales.
“Eso va a depender, insistimos, de la voluntad de la ejecución de las medidas de reparación integral”, mencionó.
En paralelo a eso, el plazo es indeterminado para saber cuándo se tendría una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, citó la CDH que hay un compromiso institucional y un compromiso de las familias de defender la sentencia y sus efectos hasta las últimas instancias.
Un hito para las víctimas y la investigación paralela
El abogado Abraham Aguirre destacó que existe una investigación previa en Fiscalía que está sustanciándose por el delito de secuestro con resultado de muerte. En ese caso no se ha hecho hasta ahora ninguna diligencia o movimiento para que se pueda esclarecer este hecho.
Aguirre, también de la CDH, integrante de la defensa técnica, señaló que la sentencia alcanzada marca un hito en el reconocimiento de derechos de las víctimas.
“Esta sentencia era un hito. El reconocer la existencia de un delito donde las víctimas eran sujetos protegidos por el Estado acarrea la obligación de todo servidor público de garantizar esos derechos”, citó.