Con carteles y consignas, copropietarios del centro comercial Multicomercio se concentraron la mañana de este lunes en los exteriores de la Fiscalía de La Merced, donde acudieron a rendir sus versiones dentro del proceso por el incendio.
“¡Exigimos justicia!”, gritaron los afectados mientras aguardaban el inicio de las diligencias convocadas desde las 09:00.
La jornada forma parte de la investigación que busca establecer responsabilidades por los daños ocasionados tras el siniestro que afectó a más de 100 familias.
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Las declaraciones corresponden a la segunda acción impulsada por los copropietarios, enfocada en determinar responsabilidades penales por los perjuicios económicos, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación inicial sobre el origen del incendio.
Testimonios de los afectados
Wilson Gallego Abad, arquitecto y uno de los perjudicados, señaló que mantenía su oficina y parqueo en el edificio desde 2009 y que perdió la totalidad de sus bienes.
“En los actuales momentos me he quedado sin nada”, manifestó.
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El afectado indicó que no tenía conocimiento del uso de bodegas en los niveles inferiores y sostuvo que ese control correspondía a las autoridades.
“Los que sí sabían eran las autoridades. No cumplieron con su obligación de supervisar”, afirmó.
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Gallego señaló que existen antecedentes desde 2016 en los que el Cuerpo de Bomberos habría solicitado al administrador la entrega de planos del sistema contraincendios, sin que estos hayan sido presentados.
“Hasta la presente fecha no existen planos del sistema contraincendio”, aseguró.
El arquitecto señaló como presunto responsable al administrador y propietario de la mayoría de los locales, Simón Bolívar Rosero, por una supuesta omisión en el cumplimiento de normas.
“Lo estamos señalando como responsable directo porque no cumplió las normas del reglamento contra incendios”, expresó.
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Otra de las afectadas, Mónica Crespo, indicó que habitó el edificio durante 24 años y que perdió sus herramientas de trabajo y equipos médicos en el incendio.
“Estoy en la calle. Estoy viviendo donde mi madre”, manifestó.
Explicó que en su departamento mantenía un emprendimiento y equipos para el tratamiento de salud de su esposo.
“Todo lo que tenía estaba ahí. No tengo nada”, señaló.
Crespo relató que la mañana del incendio logró retirar su vehículo, pero al regresar encontró el edificio cubierto de humo.
Indicó que no pudo evacuar a su esposo por su estado de salud y que permanecieron en el inmueble durante la emergencia.
“Ningún bombero subió a auxiliarnos”, afirmó.
La afectada sostuvo que, antes del siniestro, existían actividades de almacenamiento en el edificio que no eran de conocimiento de todos los residentes.
Además, expresó preocupación por los procesos posteriores al incendio, como posibles cobros por demolición.
“Debo dinero y ya no tengo casa. No sabemos qué va a pasar”, indicó.
Crespo señaló que su principal pedido es que se determinen responsabilidades y se cubran los daños ocasionados.
“Lo único que queremos es justicia”, expresó.
Las pérdidas económicas y la búsqueda de justicia
Según los afectados, las pérdidas individuales pueden alcanzar hasta 120.000 dólares, mientras que el perjuicio colectivo superaría los 10 millones de dólares.
Durante la jornada, los denunciantes continuaron con la rendición de versiones ante la Fiscalía. Entre ellos consta el abogado Nelson Pita Cordero, quien también figura como afectado dentro del proceso. (I)
