El mecanismo es similar en todos los casos: una persona o en grupos de hasta tres colocan escaleras de madera sobre los postes y alcanzan las cámaras de videovigilancia que están ubicadas en diferentes partes de Guayaquil para vandalizarlas.
En videos recogidos por el mismo sistema de la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) se observa cómo los individuos, con palos o pedazos de caña, golpean los aparatos hasta dañarlos.
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Cámaras de videovigilancia de la CSCG son vandalizadas en varios puntos de Guayaquil
En junio, un sujeto arrancó una cámara de videovigilancia que funcionaba en la cooperativa Santiaguito Roldós, en Fertisa. En ese mismo mes se registró otro caso en la cooperativa El Cóndor.
Mientras, en la cooperativa Vencer o Morir, localizada en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, un sujeto, en complicidad con otros tres individuos golpeó la cámara hasta que esta perdió la señal.
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Hasta mediados de junio, el Municipio indicó que eran 40 las cámaras que habían sido vandalizadas en el Guasmo sur. Hasta agosto, señaló Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, la cifra asciende a 90 en dos distritos de la ciudad.
“Son 60 los nodos afectados, cada nodo corresponde a tres cámaras”, indicó.
Sandoval dijo que se están analizando medidas para mitigar el tema del vandalismo. Una de ellas es reubicar los sistemas de vigilancia en sitios estratégicos más altos.
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“A nivel del vandalismo, es importante recalcar que son los grupos delictivos organizados. Nosotros, con base en nuestras competencias, hemos mostrado toda esta información a la Policía Nacional, ellos con sus ejes investigativos y de inteligencia han tomado las medidas necesarias”, manifestó.
El uso de la tecnología (cámaras y demás dispositivos), recalcó Sandoval, ha permitido que, con las alertas necesarias, se eviten ciertos delitos. Por ejemplo, se ha logrado incrementar en un 60 % la recuperación de vehículos reportados como robados.
En las zonas en donde se ha intervenido (Urdesa, La Atarazana, Sauces), dijo el funcionario, se ha generado una reducción de al menos el 3 % en robos de oportunidad. (I)