El reclamo del personal que labora en centros de diálisis, que exige al Gobierno el pago de doce meses de prestaciones, se enfocó esta vez en exigir al Ministerio de Salud Pública (MSP), y a la vez al de Finanzas, que cumpla con el ofrecimiento de pagar cuatro meses de deuda, por un monto de $ 23’923.000.

Cristina Freire, vocera de la asociación de establecimientos, calculó la cifra, que puede variar, al sostener que la cobertura pendiente corresponde a 4.000 pacientes, considerando que el paquete mensual unitario tiene un costo de $ 1.456.

"Son $ 5’824.000 por mes, eso habría que multiplicarlo por cuatro", sostuvo luego del plantón que efectuó personal de centros de diálisis afuera del Gobierno Zonal, en el sector de la ciudadela Kennedy.

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Con menos participantes respecto a los que había en las protestas que tomaron fuerza en medio de la pandemia del COVID-19, y con el desespero al ya no contar con crédito para la dotación de insumos, los servidores volvieron a las calles a semana seguida, pero ya no estuvieron en los exteriores del también edificio estatal Joaquín Gallegos Lara.

En Guayaquil, los manifestantes llegan a ambas dependencias porque allí atienden los ministerios en mención.

Según Freire, de 500 colaboradores de los 22 centros de diálisis a los que se deben montos por prestaciones, han renunciado 200 precisamente por falta de pago de sueldos.

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Dora García, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales del Ecuador, expuso que habría riesgo de muerte, ya que sin insumos no se podría cumplir con las sesiones. Pidió al Gobierno atender el reclamo.
Aseguró que de las tres sesiones semanales que requiere un paciente renal, ahora se realizan dos o una.

"Tenemos que pasar así, intoxicados", alertó sobre el estado de pacientes, muchos de ellos esperanzados en un trasplante.

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La deuda por doce meses a 22 centros ascendería a $ 80 millones, según voceros de dializadoras, las cuales prestan servicio en Guayaquil, Durán, Machala, Santa Rosa, Loja, entre otras ciudades.

Según la vocera Friere, el lunes 25 de enero fue recibida en Quito por autoridades ministeriales y ahí surgió la promesa de pagar cuatro meses en febrero.

Ella esperaba que remitieran un compromiso de pago. Sostuvo que están buscando nuevos proveedores, sin obtener respuesta positiva. (I)