Los siete 'pecados' por los que se critica al ministro Juan Carlos Zevallos; las vacunas, entre estos

Los cuestionamientos y reclamos que varios frentes le hacen al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y a su gestión no se centran en un solo tema. Entre los más recientes, y que aumentaron el fin de semana, constan al menos siete actos o 'pecados' que sobresalen en su manejo de la pandemia del COVID-19 en Ecuador.Por algunas de estas acciones incluso poderes del Estado como el Legislativo, representado por la Asamblea Nacional, exigen la destitución de Zevallos y apoyan un impulso de juicio político en su contra.Uno de los temas que más críticas trajo fue el de la vacunación contra el COVID-19 que se realizó a un centro geriátrico privado que no constaba en la lista oficial de los que inicialmente iban a ser beneficiados con las primeras 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron al país el miércoles 20.Se trataba de una residencia geriátrica particular, considerada como una de las más exclusivas del país, que tiene el Hospital de Los Valles (también privado) en Quito. Hasta el sitio llegó, el sábado 23, una brigada de vacunadores de otro hospital (Pablo Arturo Suárez) para inmunizar a personal médico de ese centro y a adultos mayores del geriátrico.Luego se conoció que en esa residencia vivían familiares del ministro Zevallos. Y él habría confirmado aquello a diario El Comercio. Después también dijo que destinaron al Hospital de Los Valles y a su geriátrico 100 vacunas que tenían disponibles y que no eran de las asignadas al Pablo A. Suárez.La Defensoría del Pueblo habla de conflicto de intereses y de peculado, por aprovecharse de recursos del Estado para beneficio propio.El otro tema que trajo reclamos fue la aplicación de las primeras dosis a funcionarios administrativos que no están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19, como es la prioridad en esta fase piloto o inicial, según criterios establecidos por el MSP, a cargo de Zevallos.En Cuenca, por ejemplo, se denunció que vacunas llegaron a personal administrativo y no a intensivistas o personal de salud que lucha a diario contra el virus en las salas de cuidados intensivos. En el hospital del IESS Carlos Andrade Marín, en Quito, el viernes 22, se vacunaron también la directora de Comunicación y un médico ocupacional que no son de primera línea y no estaban en lista. Tras hacerse público el caso de ella fue destituida, anunció Jorge Wated.Las listas del personal que debe recibir las vacunas las elabora cada entidad de salud y estas son enviadas al MSP, ente que debe validar que sean del grupo prioritario y al final remiten la nómina de los que recibirán las dosis, según lo anunciado por Zevallos.Las quejas por la falta de anestésicos, de otros insumos y medicinas para atender a pacientes con COVID-19, como los que necesitan ser intubados, vienen desde noviembre pasado.Midazolam, rocuronio y propofol, por citar ejemplos, son parte de los sedantes que faltan en hospitales, centros e incluso en farmacias privadas. Y este desabastecimiento de medicinas, que denuncian médicos y familiares de pacientes, es otro de los "problemas gravísimos" que le preocupa a Francisco Plaza, vocero del Colegio de Médicos del Guayas.Mientras en el país se promociona la llegada de las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 y a qué población irá, en los centros y subcentros de salud del MSP, las madres recorren, peregrinan y reclaman por las vacunas del esquema tradicional que no hay para sus hijos, como la pentavalente y la DTP.Ellas denuncian que desde noviembre la respuesta es la misma: ‘regrese la otra semana’, ‘regrese el otro mes’. El MSP aún no se pronuncia.Con acciones legales, municipios como el de Guayaquil, lograron acceder a información vital como el número de contagiados por COVID-19 en el cantón. En agosto pasado, el cabildo interpuso una acción constitucional de acceso a la información contra el MSP para conocer los detalles y apoyar con vigilancia epidemiológica.La Defensoría del Pueblo califica de 0% sobre 100% el cumplimiento del acceso a la información pública mínima y obligatoria. Y a esto le suma la falta de contestación a pedidos puntuales en el contexto de esta emergencia sanitaria, que deberían ser públicos, agrega.Que no pueden acceder a los tratamientos; que hay falta de atención; que el Estado les adeuda desde hace un año a prestadores externos; y que no hay medicinas para sus condiciones pese a los procesos legales que han interpuesto son parte de los reclamos de pacientes con enfermedades catastróficas, como los oncológicos y los que necesitan diálisis. Ellos han hecho más de 20 plantones en los últimos meses.Los pedidos son múltiples. Y las respuestas, cortas, simples, contradictorias y prepotentes, se quejan los involucrados. Incluso el año pasado, gremios calificaron de ofensivas y erradas las declaraciones de Zevallos sobre que los médicos fallecidos por COVID-19 llevaron el virus a hospitales.Pero no es la única. A esto le suman la recurrente falta de medicinas para pacientes con enfermedades raras y catastróficas donde tampoco hay respuestas.Y ahora, la falta de información detallada sobre el cronograma y el plan de vacunación por aplicarse. Por esto último, el 11 de enero, el ministro descalificó a un periodista ecuatoriano que reside en Madrid, España, y que le preguntó sobre quién asumiría el valor de las vacunas. (I)

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