Diez personas fueron denunciadas en la Fiscalía General por el presunto delito de peculado, por la adquisición con supuesto sobreprecio de bolsas para cadáveres para el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID 19).La denuncia la planteó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al aprobar un informe de investigación elaborado por su Secretaría de Lucha contra la Corrupción a tres contratos por $370 107 para adquirir el insumo.La Secretaría concluyó que existiría el 500 % de sobreprecio en la compra de las bolsas, reseña un comunicado divulgado ayer luego de presentar la denuncia del caso.Se menciona que cada bolsa se adquirió por un valor de $145, en comparación con la compra que había realizado el Hospital Teófilo Dávila de Machala por $22,30.En un segundo contrato hecho por el mismo hospital del Guasmo sur la bolsa se cotizó en $131,20; y en un tercero, por $140. De esta forma, se determinó la existencia de indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de peculado, porque se presumen “actos de favorecimiento relacionados con acuerdos colusorios entre las partes”.El consejero David Rosero lamentó que la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, que permite realizar contratos de forma ‘directa’, haya sido utilizada por “funcionarios y personas particulares en beneficio propio, lo que genera una afectación económica millonaria y alarma social”.Entre los denunciados están Álvaro P., Ángel M., Bárbara E., Ana H., Glenda P., César M., Jennifer G., Linda T., Estefanía C. y Xavier S.El informe de investigación lo aprobó el pleno del Consejo en una sesión reservada, el pasado lunes.En esta coyuntura, el CPCCS convocó a las 10:30 del miércoles 13 de mayo a Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para conocer las acciones que realizan en el marco de la atención sanitaria por el COVID-19.En la sesión que se realizó de forma virtual, los consejeros –como es habitual– se tardaron casi dos horas en aprobar el orden del día, por lo que Wated se excusó ante la demora.Se informó que debió trasladarse a la Presidencia de la República porque el presidente Lenín Moreno lo había llamado a una reunión urgente, y encargó a David Ruales, un funcionario del IESS, para explicar las acciones, pero no se lo escuchó.Hubo molestia entre los consejeros. El presidente Christian Cruz dijo que volverán a llamar a Wated para que explique la situación del IESS y las denuncias de corrupción en las adquisiciones de insumos médicos.Reprochó a Wated que perdió la oportunidad de ‘esclarecer’ los acontecimientos que se han denunciado en el Seguro Social.Otro de los casos que también se indagan en el hospital del Guasmo sur es el presunto cobro de entre $30 y $300 por ayudar a los deudos a buscar los cuerpos de sus familiares. Hubo tal manipulación de cadáveres en el hospital del Guasmo que provocó confusión de nombres, señalaron los denunciantes.La investigación de estos casos la lleva la fiscal Sobeida Conforme. Ella indaga un delito de cohecho por el supuesto pago a funcionarios.Se está llamando a declarar a los directores de los hospitales del Guasmo, del IESS Los Ceibos y de Monte Sinaí, Según la ley, una investigación previa de este tipo puede tomar hasta dos años.Tras determinarse que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía llevará una instrucción fiscal de 30 días por el caso de las bolsas de cadáveres del hospital del IESS de Los Ceibos, cuatro sospechosos recibieron la orden de prisión preventiva.Fueron detenidos por este caso tres funcionarias del hospital y un hombre que sería esposo de la representante legal de la empresa Silverti S. A., la compañía que había ganado la adjudicación del contrato y que iba a vender las 4000 bolsas para cadáveres a un costo de $148 cada una, cuando en el mercado existirían precios establecidos menores, como $12 por cada bolsa de ese tipo.Todos fueron detenidos durante un operativo, luego de que la Fiscalía allanara el hospital, las casas de las funcionarias y la empresa.Los procesados por este presunto sobreprecio son Humberto B., Cristina G., Susana M. e Isabel V.<br /> Humberto no solo es esposo de la representante legal de la compañía involucrada, sino también accionista mayoritario de otra de las empresas que concursaron.Según la Fiscalía, no se enviaron invitaciones para concursar a otras empresas que distribuyen estos insumos. <strong>(I)</strong>