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El desacuerdo radica en los términos del convenio que deben firmar los representantes del Municipio y de los distintos organismos del Gobierno relativos a la seguridad.


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El exdirigente causó sorpresa al declarar por la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.
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