La discrepancia entre el Viceministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se mantiene y, en consecuencia, la directiva de esta última entidad, electa en mayo de 2025, no se ha registrado hasta la fecha. Con este antecedente, el COE no ha recibido los recursos que le corresponden.
Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, reitera su postura de que el directorio encabezado por Jorge Delgado y Jefferson Pérez no puede ser inscrito porque, de lo contrario, se incumpliría el marco legal vigente en el país.
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La Ley del Deporte, en su artículo 151, establece que los directivos podrán optar por la reelección inmediata por una sola vez. Esta sería la primera reelección de Jorge Delgado como presidente, pero el viceministro recalca que ha estado cinco veces en directorios anteriores.
En entrevista con EL UNIVERSO, Ibáñez explica como antecedente que en 2023 el entonces ministro del Deporte, Sebastián Palacios, pidió una consulta a la Procuraduría General del Estado ante una antonimia entre dicho artículo y el reglamento sustitutivo, que entró en vigencia en la era de Andrea Sotomayor en la cartera del ramo.
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“¿Y qué dice el procurador? Ustedes sí saben que el nombramiento del procurador es norma; en eso estamos claros. Bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde la finalización de su cargo”, expresa el actual viceministro, y añade que dicha información no es de conocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI), instancia que a inicios de este mes ratificó su reconocimiento a la directiva de Jorge Delgado y Jefferson Pérez para el periodo 2025-2029.
Desde el COE, en cambio, se sostiene que las elecciones cumplieron con la Constitución del Ecuador, la Ley del Deporte vigente desde 2010, su reglamento de aplicación de 2020 y las normas olímpicas, por lo que no existe ningún fundamento legal para negar el registro del directorio.
Francisco Moreno, abogado de dicha entidad, ha señalado que la falta del reconocimiento a la directiva significa una injerencia estatal que pone en riesgo la autonomía del movimiento olímpico ecuatoriano.
Según él, el viceministro Ibáñez no ha mostrado voluntad de diálogo para zanjar esta situación. “Existe un conflicto de intereses evidente, ya que fue candidato en esas elecciones y al perder no ha querido reconocer a quienes resultaron electos, por lo que nunca hubo una apertura real al diálogo”, dice.
De su lado, Roberto Ibáñez responde que no es un asunto de voluntad, e insiste en que inscribir la directiva le acarrearía consecuencias legales, administrativas y políticas, entre otras cosas por malversación de recursos: “Estas incluyen destitución, inhabilitación para ejercer cargo público, multas económicas, reparación civil, devolución de dinero...”.
Y continuó: “Si yo el día de mañana, por el capricho de dos dirigentes que no quieren hacer caso a la norma, ningún ministro que se siente, ni la señora Gilda (Alcívar) ni yo ni el que venga les va a aprobar ese directorio, porque claramente dice que no se puede”.
La solución: que haya nuevas elecciones
El viceministro menciona que lo que tiene que pasar es que el Comité Olímpico Internacional venga al país con sus abogados y que se informen de la situación respecto al marco legal vigente.
“Señores del Comité Internacional, díganme cómo yo hago, como funcionario público, para no irme en contra de esto (ley), no meterme en problemas y reconocerlos. Como yo sé que en ningún lado el Comité Olímpico, desde la Carta Olímpica, establece que uno tiene que irse en contra de las normas de un país (...). Para mí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Convocar a elecciones, que voten las federaciones que tienen registro de directorio y reconocimiento internacional de cada una de sus federaciones internacionales; y, una vez que estén dos listas, una lista o diez listas, que ningún dirigente tenga impedimentos con la ley, gane una lista democráticamente y yo al día siguiente la inscribo”, refiere Ibáñez. (D)