La disputa institucional entre la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) sigue escalando y ahora suma un pronunciamiento jurídico directo desde el organismo olímpico.
Francisco Moreno, abogado defensor del COE, conversó con EL UNIVERSO y expuso los fundamentos legales con los que el Comité rechaza la toma de sus instalaciones y la negativa del Viceministerio del Deporte a inscribir al directorio electo en mayo de 2025, proceso que —según sostiene— cumplió con la Ley del Deporte, la Constitución y la Carta Olímpica.
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El jurista explicó que el conflicto se centra en dos aspectos clave: por un lado, el comodato firmado en 1982 por 50 años, que aún se encuentra vigente y que no puede terminarse de manera unilateral; y por otro, la falta de reconocimiento oficial al directorio presidido por Jorge Delgado y Jefferson Pérez, situación que considera una injerencia estatal que pone en riesgo la autonomía del movimiento olímpico ecuatoriano.
Desde el punto de vista legal, ¿qué fue lo irregular en la actuación de Fedeguayas al tomar las instalaciones del COE?
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El Comité Olímpico Ecuatoriano mantiene un contrato de comodato firmado en julio de 1982 por un plazo de 50 años, que todavía no se cumple, pues restan cerca de seis años de vigencia. Ese acuerdo permite al COE utilizar los predios para oficinas administrativas, federaciones nacionales y coliseos deportivos, por lo que lo ocurrido el 15 de enero fue grave, ya que un grupo liderado por el síndico de Fedeguayas ingresó de forma violenta a las instalaciones, empujando incluso al guardia de seguridad, para notificar una supuesta terminación parcial del contrato, pese a que se trata de dos instituciones privadas y el comodato no autoriza ninguna acción unilateral.
Es decir, ¿no hay una cláusula que permita retirar el comodato por incumplimientos?
No existe ninguna cláusula que permita a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato de forma unilateral, y la única manera legal de invalidarlo es a través de una decisión judicial.
¿Puede Fedeguayas interferir en el funcionamiento del organismo olímpico nacional?
De ninguna manera, porque eso constituye una injerencia directa en el movimiento olímpico, prohibida por la Carta Olímpica, y además existe un evidente conflicto de intereses, ya que aunque formalmente preside Eduarda Fuentes, quien no reside en el país, el presidente electo de Fedeguayas es el actual viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, quien no ha renunciado a su cargo público.
Fedeguayas afirma que el COE se “victimiza”. ¿Se trata de victimización o de hechos concretos?
Aquí no se trata de discursos sino de hechos visibles, porque existió una irrupción violenta a las instalaciones del Comité Olímpico que quedó registrada en videos, a diferencia de cuando se obtuvo la medida cautelar judicial, que fue notificada de manera pacífica y acatada sin incidentes, por lo que no se habla de victimización sino de una acción violenta que ya está denunciada ante la Fiscalía General del Estado.
¿Este conflicto pone en riesgo la autonomía del movimiento olímpico en Ecuador?
Sí, porque la Carta Olímpica exige independencia absoluta del poder estatal, y en este caso hay injerencia por omisión al no registrar al directorio electo de Jorge Delgado y Jefferson Pérez en mayo de 2025, y por acción al permitir actos violentos contra la sede del movimiento olímpico.
¿El COE solo se ampara en la Carta Olímpica para defender la legalidad de su directiva?
No, porque las elecciones cumplieron con la Constitución del Ecuador, la Ley del Deporte vigente desde 2010, su reglamento de aplicación de 2020 y las normas olímpicas, por lo que no existe ningún fundamento legal para negar el registro del directorio.
¿Tiene el Ministerio del Deporte facultad para negar ese registro?
No, ya que si alguien debía impugnar el proceso eran los propios participantes de las elecciones y nadie lo hizo, ni entonces ni ahora, por lo que al haberse cumplido los procedimientos legales y estatutarios, el ministerio no puede desconocer un directorio que no fue cuestionado por ninguna vía jurídica.
¿Se ha utilizado el bloqueo de recursos económicos como mecanismo de presión?
Sí, porque incluso antes de que venciera el periodo anterior en diciembre de 2025 el Estado ya dejó de entregar recursos de noviembre y diciembre, y posteriormente tampoco se asignaron los de enero ni febrero, lo que evidencia un incumplimiento sostenido.
¿Existe riesgo de sanciones internacionales para Ecuador?
El Comité Olímpico Internacional observa con mucha preocupación la no inscripción de una directiva legítima, la intervención estatal y la toma violenta de instalaciones, y si esto no se corrige, el país podría ser suspendido del movimiento olímpico mediante un proceso largo que afectaría directamente a los deportistas.
¿Qué postura han tomado organismos como Panam Sports u Odesur?
La Organización Deportiva Suramericana (Odesur) ya emitió un pronunciamiento señalando que el único ente autorizado para gestionar la inscripción de deportistas en competencias del ciclo olímpico es el Comité Olímpico Ecuatoriano, por lo que no se aceptará ningún mecanismo en el que otra institución intente reemplazar esa función.
¿Qué solución propone el COE para destrabar el conflicto?
La propuesta es sentarse con el equipo jurídico del Viceministerio del Deporte, exponer los argumentos legales con seriedad y resolver la situación mediante diálogo técnico y no por decisiones arbitrarias que terminan perjudicando al deporte.
¿Ha existido voluntad de diálogo por parte del viceministro Roberto Ibáñez?
No, porque existe un conflicto de intereses evidente, ya que fue candidato en esas elecciones y al perder no ha querido reconocer a quienes resultaron electos, por lo que nunca hubo una apertura real al diálogo.
¿Es posible convocar nuevas elecciones?
No, porque no existe ninguna norma que lo permita, el tiempo para impugnar ya pasó y nadie lo hizo, incluso el propio candidato derrotado reconoció públicamente su pérdida, por lo que no hay sustento legal para repetir el proceso.
¿Hay plazos críticos para evitar sanciones deportivas?
Sí, porque cuando se aproximen las competencias del ciclo olímpico y el COE no pueda gestionar inscripciones por falta de reconocimiento, Ecuador corre el riesgo de quedar suspendido automáticamente del movimiento olímpico.
Finalmente, ¿cuál es su mensaje a las autoridades?
Hago un llamado a la cordura a la ministra Gilda Alcívar y al presidente Daniel Noboa, porque el presupuesto es importante pero debe ir acompañado de gestión y respeto institucional, dejando de lado revanchismos políticos para sentarse a dialogar con la ley en la mano y permitir que el Comité Olímpico Ecuatoriano continúe su labor en beneficio de los deportistas. (D)