La Justicia de Goiás investiga una aparente manipulación de resultados de un total de trece partidos en las dos últimas temporadas del fútbol brasileño, con mención a dos futbolistas ecuatorianos, de los que al menos Leonardo Realpe estaría libre.
Operación Pena Máxima II es el caso que maneja el ministerio público de Goiás, que tiene imputados a 16 futbolistas por una supuesta participación directa en amaños de trece partidos de fútbol: ocho en el Campeonato Brasileño Serie A de 2022, uno en la Serie B de 2022 y cuatro en los campeonatos estaduales de 2023.
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El volante Bryan García y el zaguero Leonardo Realpe son los futbolistas ecuatorianos que están relacionados al caso, de estos, García fue separado de manera “preventiva” por Athletico Paranaense, mientras que Realpe fue considerado el miércoles para el juego que empató a 2 Red Bull Bragantino con Internacional de Porto Alegre, por el Brasileirao.
Fue el club paulista, en voz del técnico Pedro Caixinha, quien explicó la situación del ecuatoriano, el segundo involucrado de parte del Bragantino, que ya separó en abril al argentino Kevin Lomónaco.
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“El club ya había intervenido cuando se dio el caso de Kevin, una situación completamente diferente a la de Leo”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.
Caixinha explicó que el caso del argentino “tiene que ver con la captación y aceptación de la propuesta”, mientras que por el caso del zaguero ecuatoriano dijo: “Ya Leo nos había mostrado mensajes que le enviaron, pero que no aceptó y, claro, dejó de responder”.
El estratega comentó que el club inició una investigación “profunda” con Realpe. “Se le revisaron los mensajes, sus estados bancarios por si había alguna transacción que genere desconfianza, porque necesitábamos tener seguridad que nada pasó”, indicó.
“Con todo eso tenemos entendido que nada sucedió, por eso Leo estuvo presente con nosotros ante Inter, Kevin fue separado y tiene otro camino porque son casos totalmente diferentes”, apuntó Caixinha.
La justicia brasileña presentó un desglose de 23 hechos delictivos ocurridos durante los partidos, en los que los jugadores se comprometían a cometer faltas para recibir tarjetas y para cometer penaltis.
Según información del ministerio público, la organización que reclutaba a los futbolistas les ofrecía sobornos hasta por 20.000 dólares por determinadas acciones u omisiones.
La investigación sigue por sospechas de acciones en otros juegos, con un proceso penal diferente, según la justicia brasileña. (D)