La práctica del deporte permite a las personas gozar de una mejor calidad de vida y, por ende, de un mayor bienestar social. Es una realidad que la actividad deportiva, a través de las épocas, ha sido definida no tan solo como mero pasatiempo recreativo y secundario, sino más bien como una expresión de desarrollo de los pueblos.

Por esa razón, el deporte obliga a las naciones a considerarlo como política de Estado. En Ecuador, en los momentos actuales, existe el convencimiento de que se requiere una mejor estructura para el manejo del deporte desde las esferas públicas. Pero por falta de voluntad o por conveniencia política se mira para otro lado.

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Preocupa que la política empleada para la asistencia y desarrollo del deporte envíe mensajes contradictorios respecto a los que se pregonan en el texto constitucional y en las leyes que lo amparan. En el 2009, el presidente Rafael Correa dispuso a sus asambleístas que era hora de aprobar una nueva Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, que transformaría al deporte nacional en un supuesto paradigma legal que hasta los países más desarrollados replicarían.

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Pero más bien el espíritu de esa ley contemplaba capítulos claramente diseñados por expertos centralistas estatizadores. Sirvió como instrumento para apoderarse de los organismos que rigen el deporte ecuatoriano. Con esa finalidad se otorgó vía libre para la creación de organizaciones deportivas fantasmas, de papel, para captar todas las dignidades y violar las autonomías.

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Fue toda una arquitectura planeada para que el ministro del Deporte tenga licencia para intervenir las veces que le dé la gana en las diversas entidades del sistema deportivo nacional. Se convirtió, como lo definieron algunos opositores, en “un monumento antijurídico”, instrumento político útil para saciar ambiciones absolutistas al estilo con que debían manejarse los diversos estamentos deportivos. Se comprobó que aquella interferencia estatal fue traumática.

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Es indispensable que los dirigentes deportivos reaccionen y conciban un marco de relación coyuntural y perfectamente determinado en el cual la política nacional del deporte vele por la autonomía de las organizaciones y la libre asociación. Sin descartar, por supuesto, el indispensable proceso subsidiario del Estado y los argumentos de la descentralización deportiva.

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Pero la crisis continuó a través de los años y vale actualizar ciertas interrogantes. ¿Existe en Ecuador una planificación estratégica? ¿Se otorgan los recursos presupuestales para llevar adelante una verdadera política de Estado para el deporte? ¿Reformaron las leyes estatizadoras? Lamentablemente, la respuesta es un contundente no. La escalada del consumo de drogas en la juventud ecuatoriana es un tema de alto voltaje y son poco pragmáticas de las diferentes alternativas propuestas. Mientras tanto, lo preocupante es que es incontenible el auge de este azote que carcome el presente y el futuro de nuestra juventud.

Cuando Otto Sonnenholzner fue vicepresidente de la República presentó un programa para la protección a la niñez y juventud, basado en la prevención, para atacar a través de la práctica del deporte el consumo de drogas. Con el pasar del tiempo, y no conozco la razón, a esa iniciativa se la llevó el viento. Hace pocos días, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, realizó en el popular sector de Monte Sinaí la sesión del Concejo Cantonal y en su intervención mencionó: “El deporte es la vacuna que necesitan los jóvenes para que salgan del mundo de las drogas”. Y explicó que su afán es construir canchas deportivas.

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Me imagino que deberán implementarse con monitores deportivos y profesionales en el área de la psicología motivacional y la concurrencia de fundaciones especializadas para seguir un plan estructurado y hacer realidad el propósito final. Si así llueve, que no escampe, señor alcalde.

Otra de las crisis de la relación político-deportiva que vivimos muchos de los países en desarrollo es, sin lugar a dudas, la escasa atención que tiene el deporte estudiantil y el universitario. Solo existen enunciados, pero en ese sector hay un irresponsable abandono. Las autoridades de educación y de deportes deben entender que es ahí donde está la semilla para el desarrollo deportivo del niño y los jóvenes. Es ahí donde comienza el futuro. Ese es el verdadero lugar donde plasmar el concepto de lo que es una seria política de Estado al servicio del deporte.

Cuando al inicio del actual Gobierno fue nombrado ministro de Deportes Sebastián Palacios, él declaró que conocía perfectamente que la organización estamental pública había sido gobernada, por más de una década, por funcionarios inoperantes, por gente que deambuló a través de una estructura diseñada sobre ideologías opresoras, retrógradas, lejanas a las nuevas visiones de cómo entender el deporte.

Como era de esperarse, las rectificaciones no se han llevado a cabo. Los capítulos críticos siguen vigentes.

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En el último periodo de la Asamblea Nacional conocimos que el asambleísta Marcos Molina Jurado propuso un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación. Aquello nos hizo creer que esta nueva ley no solo que aplacaría los males identificados, sino que además incluiría la reestructuración de las organizaciones deportivas con los justos requisitos para sus conformaciones y para la elegibilidad de sus dirigentes. Este proyecto se percibía despolitizado.

Lamentablemente pasó lo que pasó con una Asamblea Nacional contaminada. Nunca hubo sensibilidad para tratar el tema. Solo queda para la historia que el actual Gobierno declaró por decreto al deporte como política de Estado, sin presupuesto y sin ley. Eso terminó siendo un simple enunciado sin pragmatismo.

Hace pocos días, el país nuevamente ha sido testigo de dos debates con candidatos presidenciales y ninguno, en el orden de la temática social, trató el tema deportivo, la prevención del consumo ni el desarrollo deportivo. Tampoco se habló de cómo frenar el avance delincuencial en la juventud.

¿Conocen si algún candidato de segunda vuelta incluyó en su programa de gobierno algún capítulo que privilegie el deporte, por su importancia en el desarrollo de la sociedad?

Bien explicaba Alberto Palomar que “el compromiso de los Gobiernos con el deporte no es el aplauso, las recepciones y los apoyos testimoniales; el compromiso consiste en que los objetivos tengan un reflejo suficiente en el marco de las prioridades públicas y sociales”. Por eso es necesario que las cuestiones cosméticas le den paso al rigor. Pregunto a los dos candidatos presidenciales: si es tan importante el deporte y si aceptan que es la expresión comprobada en el desarrollo de los pueblos, ¿por qué no se han dado tiempo en sustentar aquello? La respuesta es obvia. El deporte, lamentablemente, no es una prioridad de la política pública.

Con todos estos antecedentes se puede confirmar que sobre el deporte ecuatoriano, en los recovecos de la memoria del pueblo, se instaló el concepto de que la estructura deportiva ha sufrido consuetudinariamente un abandono inexcusable y culposo por parte del sector político. (O)