Al Comité Olímpico Ecuatoriano lo quieren descabezar con intervención ministerial

Estas son las preguntas que hoy llenan toda la inquietud del deporte nacional: ¿cuál es la finalidad que persigue el Gobierno al intervenir en el deporte olímpico? ¿A qué aspiran el viceministro del Deporte y altos funcionarios oficiales al derribar la autonomía del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y destituir a dos brillantes personajes como Jorge Delgado y Jefferson Pérez para instalar a alguien de su gremio, que afronta graves cuestionamientos en la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financieros y Económicos? ¿Conoce a profundidad esta maniobra el presidente Daniel Noboa, que es un deportista activo preocupado por el progreso de este segmento del desarrollo social?

La actual directiva del COE fue elegida en mayo anterior y el país se sintió orgulloso de que sean Delgado y Pérez los que lideren nuestro olimpismo por su brillante pasado deportivo, su capacidad y su inmaculada vida en sociedad. Todos, menos el candidato perdedor y sus poderosos patrocinadores, castigados en su ego y su desbordada ambición de poder. La factibilidad de la elección de los miembros de la directiva fue consultada al Comité Olímpico Internacional (COI) para evitar los cuestionamientos que se suponían vendrían al no prosperar las presiones que se ejercían ya sobre los miembros de la asamblea general del COE para que voten por el candidato oficial.

Prevenido el COI de esta circunstancia designó un observador que testificó la limpieza de los comicios y de la victoria de la lista que encabezaron Delgado y Pérez. Cuando se suponía que vendría un periodo de paz, apareció el exministro de Deportes (hoy viceministro) en el despacho de Delgado y le pidió la renuncia, e igual la de Pérez y del secretario John Zambrano. “O renuncian o los intervengo”, habría dicho el burócrata. Como un yihadista en un avión comercial diría al piloto: “O cumples mi exigencia o hago estallar la bomba que llevo en este maletín y nos morimos todos”.

Riesgo de suspensión

La intervención ilegal es la bomba que lleva en su maletín el exministro (hoy viceministro). El Gobierno conoce las explosivas consecuencias que destruirían todo el edificio del deporte ecuatoriano. El COI ya lo advirtió a la ministra de Educación y Deportes: suspensión de Ecuador del movimiento olímpico; exclusión de nuestros atletas de toda competencia del ciclo olímpico y torneos oficiales; pérdida de fondos de Solidaridad Olímpica y sanciones de todas las federaciones internacionales. En pocas palabras: marginación total de la actividad deportiva con grave perjuicio a nuestros atletas, aparte del descrédito internacional que afectaría al gobierno de Daniel Noboa.

No existe ninguna razón legal para que haya una intervención al COE, porque las elecciones de mayo se realizaron con respeto a la Carta Olímpica y la Ley del Deporte. Ya lo dijimos en esta columna: el hoy viceministro del Deporte, que presume de una maestría en Derecho Deportivo, ignora que la Carta Olímpica es una constitución transnacional de obligatorio respeto por todos los países que pertenecen al movimiento olímpico. Pretende desconocer que nuestra ley prohíbe un tercer periodo de un dirigente para el mismo cargo que ha desempeñado dos veces y ningún miembro de la directiva del COE se halla incurso en esa prohibición.

Veinte federaciones intervenidas

Las funestas consecuencias para el deporte ecuatoriano no han impedido que los cuatro complotados en el proceso de demolición den un paso atrás. Desde hace rato piensan en derrocar a la directiva del COE e instalar una asamblea eleccionaria. Para ello han abusado de la famosa “intervención” y se han apoderado de 20 federaciones nacionales dirigidas hoy por empleados del ministerio. Las federaciones intervenidas amenazan ruina, como en el caso del boxeo, que lleva ya seis años con sus deportistas en el desvío. En otros casos, el ministerio ha desconocido la facultad del COE de convocar a las elecciones federativas y supervisarlas.

El ministerio ha desconocido esos resultados y, sin tener ninguna atribución, ha convocado a otra elección y reconocido esa directiva ilegal. En estos casos, las federaciones internacionales han negado ese reconocimiento y lo han otorgado a la directiva aceptada por el COE, como manda la ley. El ministerio ha llegado hasta el extremo de desconocer sentencias de jueces, incurriendo en desacato.

El discurso oficial insiste en que son medidas “técnicas” o “de transparencia”, pero en la práctica el resultado es un ecosistema deportivo dependiente del Estado. La preocupación crece ante el riesgo de que esos interventores, funcionarios del propio ministerio, participen con voz y voto en procesos internos del COE, alterando el equilibrio de representación que sustenta el movimiento olímpico.

Arremetida de Cevallos

Lo triste es que en el periodo de un mandatario demócrata como Daniel Noboa esté ocurriendo lo mismo que pasó desde 2012 en la dictadura correísta. Durante el gobierno de Rafael Correa, el entonces ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, impulsó una intervención sin precedentes: más de 40 federaciones nacionales fueron tomadas por el Estado bajo el argumento de “regularización institucional”. El control llegó hasta el propio COI, con la colaboración del español Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien fue recibido en Carondelet y avaló, contra el espíritu del olimpismo, la intervención estatal. Lo que en teoría debía ser una mediación terminó convertido en una legitimación política.

El olimpismo, por definición, es una escuela de autonomía. Su fuerza radica en la independencia de las federaciones y en la libertad de los deportistas para competir sin presiones ni tutelas ajenas a su disciplina. Cuando el Estado se convierte en juez y parte —financiador, interventor y árbitro de las elecciones— se diluye el principio esencial del movimiento olímpico: la separación entre la política y el deporte.

COE, un símbolo

Ecuador ha demostrado, una y otra vez, que el talento deportivo no necesita tutela ideológica. Los triunfos internacionales de los últimos años —desde las medallas olímpicas hasta la consolidación de nuevas generaciones de atletas— son fruto del esfuerzo individual y del trabajo técnico de las federaciones, no del cálculo político de ningún Gobierno. Pero si se mantiene la tendencia a subordinar las estructuras deportivas a intereses partidistas, ese impulso podría perderse.

El COE, más que una institución, es un símbolo. Representa la posibilidad de que el deporte sea un espacio de mérito, disciplina y excelencia, no de favoritismos. La dirigencia ecuatoriana tiene hoy una oportunidad histórica: demostrar que el olimpismo nacional puede ser transparente, plural y libre de interferencias. Eso exige, primero, una despolitización real del Ministerio del Deporte y, segundo, una defensa firme de la autonomía de las federaciones.

Control político

El COI, por su parte, debe ir más allá del reconocimiento formal. La supervisión internacional debe traducirse en vigilancia efectiva, en exigencias de gobernanza y rendición de cuentas y en la protección de las estructuras nacionales frente a cualquier tipo de manipulación estatal.

Si Ecuador aspira a construir un movimiento deportivo sólido y respetado, debe abandonar definitivamente la tentación del control político. El país necesita dirigentes deportivos, no delegados ministeriales; necesita instituciones autónomas, no oficinas satélites del poder en busca de ambiciones extradeportivas.

El olimpismo ecuatoriano está obligado a batallar por sus metas deportivas, pero para lograrlo debe mantener su esencia: el deporte pertenece a los atletas, no al poder. (O)