Ahora es la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) la que debe acatar la orden judicial de la jueza Karly Vargas Alvarado, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, de habilitar al directorio de Barcelona Sporting Club, liderado por Antonio Alvarez Henriques.

A través del oficio número 000541-UJMSJY-2024, la Función Judicial se dirige a la Ecuafútbol para que se cumpla con lo dispuesto por la funcionaria pública el 29 de enero de este año. Esto no lo ha cumplido el Ministerio del Deporte, a cargo de Andrés Guschmer.

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“Declarar que el Director de Asuntos Deportivos del Ministerio de Deportes al expedir el acto de negativa del registro del Directorio de Barcelona SC, vulneró los derechos del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa por carecer de motivación suficiente exigida en el artículo 76, Numeral 7, Literal L de la Constitución”, se destaca en el documento.

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Y remarca: “Así como violó la garantía del cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico que garantiza el Numeral 1 del citado artículo 76 de la Constitución de la República y en forma conexa al derecho de la seguridad jurídica reconocida en el artículo 82 de la misma Constitución y como en medida de reparación integral, se ordena que el Directorio Barcelona Sporting club para periodo 2023-2027 se ha inscrito de manera inmediata en todos los registros deportivos que sea necesario, la citada inscripción, incluyendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las demás instituciones y asociaciones deportivas conexas si hay estas públicas o privadas, con las prevenciones que el incumplimiento prevé en el artículo 86 de la Constitución y demás leyes de la República Pública (sip)”.

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En medio de este litigio, que se inició a finales de diciembre del 2023, y luego de conocerse la sentencia, Andrés Guschmer, ministro del Deporte, presentó una demanda contra Vargas Alvarado para buscar su destitución.

A ella se la acusó “por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 11 del art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

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Y en su defensa, Vargas expuso una serie de imprecisiones en la demanda del ministro Guschmer como errores ortográficos, cambio del nombre del funcionario de Estados y dudas sobre la calificación de la denuncia.

“Me niego a creer que desde el Estado a todas luces se pretende destituirme, despojarme de mi cargo de jueza por el ‘delito’ de haber cumplido mis labores que, entre otras, consisten en juzgar y como tercera equidistante de las partes darle inevitablemente la razón a una de ellas. De otro modo no se explica cómo actúa con inusitada celeridad en mi contra, pues más tardaron en redactar, hasta con errores ortográficos vergonzosos, la denuncia en mi contra, que la Dirección Provincial en avanzar con mi pedido de suspensión provisional”, comentó Vargas en demanda. (D)