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La justicia ratificó la pena de 6 años y también dispuso al Juez de Coactivas del Consejo de la Judicatura que haga efectivo el cobro de la multa de 5 millones de dólares por el delito de lavado de activos.
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Expertos locales e internacionales defendieron la necesidad de limitar y homogeneizar las políticas de regulación de las telecomunicaciones.
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