Son las 07:45 del viernes último sobre la calle Gil Ramírez Dávalos, en el norte de Quito. La gente camina presurosa. Un hombre con vestimenta oscura y un sombrero vaquero de color negro llama la atención. Su atuendo desentona con el de decenas de adultos vestidos de terno y pintas juveniles de estudiantes universitarios.

Con su mirada en alto, aquel hombre busca algo. Pregunta a un vendedor de caramelos dónde queda la antigua Comandancia de Policía. El caramelero le indica con el dedo y él vuelve a preguntar: “¿Y el edificio de juzgados de Pichincha?”. Nuevamente, el dedo señala el sitio.

El hombre habla con cuatro personas que lo siguen, se frota las manos, se limpia el sudor bajo del sombrero, pone las manos en su cintura y, luego de un suspiro, mira a un lado de la calle, mira al otro y decide cruzar.

Va directamente hacia una mujer vestida con un traje indígena de la Sierra, que tiene entre sus manos una abultada carpeta. Se presenta como José Arcentales y pregunta si ahí va a darse la audiencia para definir el futuro de la acción de protección interpuesta por varias organizaciones sociales contra el Estado.

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Este recurso busca suspender, de manera definitiva, la concesión minera de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) en una parte de la cordillera del Cóndor, entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, al sur del país.

Ella le responde que sí, que ahí es. La mujer se presenta como Verónica Yaquilema, abogada de la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh), una de las ONG que también respaldan la acción interpuesta.

Dos horas antes de este encuentro, Arcentales, coordinador de los Pueblos del Sur en Zamora Chinchipe, había llegado a Quito, luego de viajar 16 horas en tres buses diferentes desde la parroquia El Pangui. Junto con dos comuneros de su zona, el hombre de 54 años llegó a la capital para saber si su futuro “continuará en riesgo por la minería a gran escala”, autorizada por el Gobierno.

La acción de protección fue presentada para sorteo, el 15 de enero pasado, en el Consejo de la Judicatura de Pichincha. La iniciativa tiene el respaldo de la Conaie, Confiniae, Cedhu, Acción Ecológica, entre otros colectivos sociales.

El proceso recayó en el Juzgado 25º de lo Civil, al mando de Paúl Narváez, quien primero fijó la fecha para la audiencia, a fines de enero, pero esta no se dio. El sorpresivo llamamiento judicial hizo que los accionantes no pudieran concurrir a la diligencia. Inmediatamente se hizo la nueva convocatoria: 08:30 del viernes 22 de febrero.

Tres policías dispuestos en la puerta del edificio judicial deciden, con hoja en mano, quién entra y quién no a la audiencia pública. Por orden del juez, la prensa no está autorizada a ingresar, responde uno de los asistentes judiciales que acompaña a los gendarmes.

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Desde las 08:15, defensores de ambas partes empiezan a pasar a la sala de audiencias del área civil, ubicada en el primer piso. La habitación, de algo más de 5 metros por lado, comienza a quedar pequeña ante la presencia de asistentes y acompañantes de los involucrados.

Se escogió este lugar para la diligencia, pese a que existía la posibilidad de que llegaran Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales no Renovables; Lorena Tapia, ministra del Ambiente; Li Dongqing, apoderado general de ECSA; y Diego García, procurador general del Estado.

La pequeña sala obliga a los abogados de los ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales, así como a los de la Procuraduría, a compartir mesa con Yuquilema y Silvana Rivadeneira, dos de los cinco abogados accionantes. El lugar físico es lo único que comparten los profesionales en este día.

Luego de atender a varios medios de comunicación en la calle, Arcentales se quita el sombrero e ingresa a la sala. Se ubica de pie en el centro y empieza a escuchar con atención a todos. Los argumentos van y vienen, de parte y parte.

Los accionantes afirman que con la explotación minera de ECSA, empresa de capitales chinos, las fuentes de agua para consumo humano y animal y la generosa biodiversidad de la cordillera del Cóndor, que incluye a especies únicas como la musaraña Caenolestes condorensis, están en inminente peligro.

Para la argumentación toman los mismos informes de la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental para la minera cuestionada.

Los accionados, es decir, los representantes legales de ECSA, y los abogados de las tres instituciones estatales sostienen que los contratos impugnados no han contravenido ninguna norma constitucional o legal y niegan que el legítimo derecho del Estado a explotar racionalmente los recursos naturales esté poniendo en riesgo a la población de la zona, a las fuentes de agua o a la biodiversidad.

Las horas de viaje empiezan a pasarle factura a José Arcentales. Sus ojos vidriosos y unas nacientes ojeras son prueba de ello. Pese a su situación, él no pierde de vista a quien habla.

Durante los procesos de réplica, tanto Cecilia Delgado, de la Procuraduría General, como Luis Silva, del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, señalan como argumento, para que el juez deseche la acción, que la vía constitucional escogida por las organizaciones sociales no es la correcta.

Ellos objetan que, si existe algún supuesto incumplimiento del órgano rector, los afectados deben primero reclamar por vía administrativa.

La contraparte niega esa posibilidad. Por un lado, Mario Melo, otro de los abogados de las organizaciones sociales, aclara que este es un problema de afectación constitucional, que no se limita a simples legalidades administrativas. Mientras que, por otro, Rivadeneira, en tono irónico, expone que a los afectados por la petrolera Texaco también debieron haberles dicho que reclamen sus derechos por vía administrativa.

Los representantes de ECSA, Raúl Brito y Jaime Galán, por medio de infografías y estudios de impacto ambiental del proyecto minero Mirador, buscan posicionar la idea de que, mediante una explotación técnica, no se afectará a nadie y que, en el caso “no consentido” de existir algo parecido, la empresa y el contrato han previsto garantías de carácter económico para solventar el problema.

Cada vez que intervienen los abogados de las instituciones estatales o de Ecuacorriente, Arcentales se rasca la cabeza, se frota las manos por los ojos y regresa a ver a sus compañeros.

“No puedo creer que los abogados del Estado ecuatoriano se junten a una empresa privada para defender una afectación que, a todas luces, será tremenda. La verdad no sé qué pensar”, comenta.

“Todos los que suscribimos este recurso estamos sumamente preocupados por las consecuencias nefastas y depredadoras de este modelo extractivista. No solamente viola derechos de la naturaleza, sino también el derecho al agua y al territorio de las comunidades indígenas y campesinas”, señala Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

Dos horas y veinte minutos después de iniciado el proceso, el juez Narváez concluye la diligencia. Da cinco días para legitimar las intervenciones de quienes participaron y apunta que entra en un periodo de receso para analizar la abundante documentación entregada.

Antes de cerrar por completo la audiencia, Narváez niega la posibilidad planteada por Rivadeneira, de ir junto al juez hasta la zona para conocer de primera mano todo lo argumentado por las partes. Explica que lo expuesto en la audiencia es más que suficiente para tomar una decisión.

Los presentes empiezan a salir de la sala, pero José se queda arrimado a un anaquel del lugar. Luego se dirige hacia una ventana y, tras abrir las persianas, su mirada se pierde.

José tenía la esperanza de que el juez Narváez adoptara una decisión favorable a sus compañeros comuneros y a su selva que jamás le dejó sin comer. “En El Pangui hemos hablado de este problema y estamos seguros de que si hay que defender con la vida lo nuestro, lo haremos”.

Cerca de mediodía del viernes, José y sus compañeros comenzaron su viaje de retorno.