Los $ 18.826 millones asignados desde el 2007 para educación y salud han sido insuficientes para mejorar la calidad de estos servicios públicos. Analistas evalúan la calidad del gasto y los resultados.

Largas filas, falta de medicinas y esperas extendidas para acceder a un servicio del sistema público de salud. Escuelas sin infraestructura básica que deben atender a más estudiantes ante el incremento de las tasas de matriculación tras el mandato constitucional del 2008 que determinó el acceso gratuito a la educación como un derecho.

Ambas son algunas de las realidades de los servicios públicos de salud y educación.

Un ejemplo. Más de 470 pacientes ya hacían colapsar el miércoles pasado la nueva sala de ingreso a Emergencias del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil, ante la desesperación de que los turnos no avanzaban. Los pacientes esperaron más de cuatro horas en el área de triaje, donde se clasifican los casos según la gravedad.

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“La vez pasada me entraron directo a Emergencias, pero porque vine desmayada. Luego me dieron cita para el 26 de diciembre, pero me adelanté porque no aguanto”, decía una mujer que llegó ese día a las 07:00 y logró el turno 270.

La espera se replica para obtener cita con especialistas. Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal (OPF), dice que el modelo de atención del IESS es insostenible a largo plazo. Aun más ante la disposición de que la atención debe ahora extenderse a las cónyuges e hijos menores de los afiliados, sin la asignación de presupuesto.

Las quejas se escuchan también en los subcentros, centros y hospitales del Ministerio de Salud. En la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, mujeres como Daysi Vivero prefieren pagar $ 7 por una consulta particular porque dicen que en los dispensarios no hay medicinas.

La capacidad hospitalaria es otra de las deficiencias. El número de camas disponibles en el sistema (que incluye a entes públicos y privados) fue de 24.545 en el 2011, lo que implica una tasa de 1,7 camas por mil habitantes. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que debe haber entre 8 y 10 por cada mil.

El Ministerio de Salud recién superó el año pasado las 8.770 camas con las que contaba en 1998, al completar 8.810.

Francisco Andino, del Foro Permanente de Salud, afirma que el presupuesto, que ha alcanzado los $ 6.390 millones desde el 2007 hasta este año, ha sido insuficiente, más aún si no se ha priorizado un gasto de calidad. “La infraestructura ha cambiado a un alto costo y no hay una visión técnica de las necesidades ya que lo realizado no ha respondido al perfil epidemiológico”, dice Andino.

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La visión de la salud como un sistema nacional unificado que aglutine a los entes estatales con los privados sin fines de lucro es aún algo pendiente, a más de cuatro años de que entró en vigencia la Carta Magna. Ello se evidencia en Guayaquil, donde una entidad no gubernamental, la Junta de Beneficencia, que ofrece un servicio semigratuito, suple desde hace 124 años la falta de capacidad hospitalaria.

Mientras que la asignación de más presupuesto no ha implicado mejores indicadores como la tasa de mortalidad materna, que repuntó del 48,46% por cada cien mil nacidos vivos, en el 2006, al 96,18%, en el 2011.

Los casos de dengue también subieron de 4.915, de los cuales 78 fueron hemorrágicos (calificados ahora por el Gobierno como graves), en el 2011 a 16.372 entre enero y el 13 de diciembre pasados. De estos últimos, 288 fueron graves, según el Ministerio de Salud.

Además, lo asignado al sector salud debió aumentar cada año un mínimo del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar el 4%, según la disposición transitoria vigésimo segunda de la Constitución.

Pero los $ 1.700 millones de este año representan el 2% del PIB frente al 3,4% que debió significar si se hubiera cumplido la Carta Magna, según el OPF.

Aunque lo asignado a educación ha sido mayor (unos 2.900 millones este año), el monto apenas llega al 3,9% del PIB, frente al 5,1% que debió representar si se hubiera cumplido lo dispuesto por la Constitución.

Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), asegura que en el caso del sistema público de educación, si bien ha aumentado la tasa de matriculación escolar al 98%, se debe tomar en cuenta la deserción, que es aún más grave en el nivel de bachillerato.

En la agenda del Contrato Social por la Educación presentada el 13 de diciembre se establece que cuatro de cada diez jóvenes no culminan el bachillerato por falta de colegios en zonas rurales y urbano-marginales.

Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, asegura que “no hay una política definida para educar a jóvenes y adultos”. Según datos de esta agenda, en el país hay 5’719.314 habitantes que no completaron la educación formal. “A eso sumemos los más de 100.000 bachilleres que no han podido entrar a la universidad (en este año). Se aplica un sistema más accesible, pero ello no garantiza la calidad”, dice Pallasco, sobre todo si se toman en cuenta las falencias en la infraestructura educativa.

Según el último informe de labores presentado por el régimen ante la Asamblea Nacional en agosto pasado, en los últimos seis años se han intervenido unos 5.250 establecimientos. El número representa el 25% de los 21.000 que tiene el sistema público, según la UNE.

“No estamos pensando en mejorar la calidad. Del presupuesto de este año apenas se asignaron $ 2 millones para capacitación”, dice la dirigente.

El modelo de contratar a los docentes sin darles nombramiento, lo que implica un sueldo menor a lo estipulado para un servidor público, también afecta la estabilidad laboral. Hasta agosto se registraban 54 mil maestros contratados en el país. La mayoría de esos contratos fenece este 31 de diciembre con lo cual los 129 mil profesores con nombramiento deben asumir más responsabilidades hasta que el Gobierno renueve contratos o se firmen nuevos.

Por temor a ser despedidos, algunos docentes prefieren callar ante las necesidades de los establecimientos públicos. “No tengo miedo, el problema es que quiero jubilarme, he trabajado mucho tiempo y ¡por Dios! quién me va a dar trabajo”, dice el director de una escuela fiscal del sector de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, que espera ser dotada de computadoras.

En otra escuela fiscal, las clases durante el primer trimestre fueron irregulares para los alumnos de cuarto año de básica. La maestra que trabajaba por contrato logró un nombramiento en Manabí. Su reemplazo fueron los ocho maestros y el director del plantel que quedaron.

Las reformas para la transición de las escuelas a unidades que amplíen sus servicios al octavo, noveno y décimo año de educación básica se ven coartadas ante los más de 6.800 establecimientos unidocentes que hay en el país, según Luna.

13,26%
Fue la tasa de mortalidad infantil en el 2011 por cada mil nacidos vivos, frente al 11,61% del 2009. La tasa bruta general de mortalidad se redujo.

9.000
Estudiantes tienen las quince unidades educativas del milenio que están operativas, lo que representa el 0,24% de la población estudiantil del país.

Fuentes: Por el PSP, Lucio Gutiérrez, candidato presidencial; por el PRE, Abdalá Bucaram Pulley, asambleísta y director nacional; por la Unidad Plurinacional, Alberto Acosta, candidato presidencial; por CREO, César Monge, director nacional; por SUMA, Mauricio Rodas, candidato presidencial; por Ruptura, Norman Wray, candidato presidencial; por PAIS, Ximena Ponce, del buró político. El Prian no delegó vocero.