QUITO.- El personal de la clínica San Francisco deberá abandonar ese inmueble hasta el próximo 27 de diciembre.
Sus ochenta trabajadores recibieron una carta de la Secretaría de Gestión Inmobiliario del Sector Público en la que anuncia que a partir de esa fecha ese establecimiento privado pasará a manos del Ministerio de Salud y formará parte de la red pública de salud.
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Esta clínica se convertirá en el centro de diagnóstico del Hospital Baca Ortiz de Quito.
La medida se produjo luego de que en enero pasado el presidente de la República, Rafael Correa, criticara la existencia de un convenio entre esa clínica y el Baca Ortiz para realizar radiografías por las que los pacientes debían cancelar $ 15, debido a que equipos de esa casa de salud estaban dañados.
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“¿Quién les dijo que podemos hacer un convenio con una clínica privada para enviarle los pacientes del hospital público a que paguen en un negocio privado? ¡Eso es sinvergüencería! ¡Corrupción! ¡Y no lo vamos a tolerar!”, criticó el mandatario en esa ocasión.
Por eso, el Ministerio de Salud adquirirá solo el bien inmueble, sin los implementos médicos. Tampoco tendrá responsabilidad con el personal que labora en esa clínica.
El asesor de Talento Humano del Ministerio de Salud Pública, Andrés Cadena, sostuvo que se adquirió el bien inmueble, pero eso no significa que tenga relación con los trabajadores. El grupo podría participar en los concursos de méritos y oposición de esa cartera de Estado, una vez que sean liquidados por su empleador anterior.
“La relación de trabajo entre los empleados y los accionistas no es competencia del Ministerio de Salud”, agregó.
Mariana de Burgos, jefe de quirófanos, está consternada: “El empleador no nos ha comunicado absolutamente nada y no tenemos dónde trasladarnos, no sabemos cuál será nuestra situación a futuro”. Ella ha trabajado 40 años en la clínica, y cuenta la situación de sus compañeros: “Aquí hay madres de familia, jefas de hogar y no sabemos qué hacer”.
Un alto porcentaje de los trabajadores se aproxima a la jubilación, y eso aumenta en ellos la preocupación, comenta esta trabajadora.
La entrega del inmueble se realiza después de tres meses de haberse resuelto la declaratoria de este como utilidad pública. Aún no existe un valor concreto por el bien.
Jorge Carrión, asesor jurídico del Ministerio, explicó que el pago se hará a base del avalúo catastral y se podría pagar hasta un 10% adicional.
En caso de no llegar a un acuerdo económico sobre el costo de ese inmueble, se iniciará el juicio de expropiación para que el juez defina el justo precio.
El gerente de la clínica, Patricio Canelos, no se encuentra en el país y hasta ahora no ha explicado nada sobre las liquidaciones, según los trabajadores.
No contemplados: Otros establecimientos
Decisión no concretada
El Ministerio de Salud se echó para atrás en su decisión de declarar en utilidad pública a las clínicas Milenium (Ambato) y Santa Lucía (Quito). En abril la primera pasó a ser administrada por el Estado, pero un mes después el personal público salió y la compra no se concretó. Ahora ese hospital, que era uno de los más modernos de Ambato, atiende solo en Consulta Externa. Más de 200 personas que trabajaban ahí se quedaron sin empleo.