EFE
ROMA.- Los habitantes de la ciudad de Taranto, en el sur de Italia, viven desde hace semanas completamente divididos entre aquellos que quieren cerrar una acería acusada de causar tumores y los que defienden los cerca 20.000 puestos de trabajo que se perderían con su cierre.

Ilva, es la mayor planta de fabricación de acero de Europa, con una producción de cerca 10 millones de toneladas de acero al año, y en la que trabajan 11.000 personas y otras 9.000 dependen de su actividad.

Pero los altos hornos del Ilva están acusados de ser los responsables de causar tumores a la población y producir el 93 % de todas las emisiones de partículas tóxicas en Italia, según algunos informes.

La fiscalía de Taranto está investigando 174 muertos de los 386 atribuibles a las emisiones de la fábrica y de analizar 237 casos actuales de cáncer, 247 patologías coronarias y 937 enfermos de las vías respiratorias.

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Por ello, el pasado 26 de julio la magistratura ordenó cerrar seis de los ocho altos hornos de la fábrica y desencadenó una auténtica guerra en Taranto, donde viven 200.000 personas, y en la que ha tenido que intervenir el Gobierno.

Los 11.000 empleados de Ilva junto con sus familias salieron a las calles y bloquearon las autopistas y las vías del tren al grito de "Prefiero morir de cáncer que de hambre".

Mientras que por otra parte, los ciudadanos de Taranto y las asociaciones ambientalistas también han salido a la calle para pedir el cierre del "monstruo".

El triste símbolo de esta protesta es Mauro, que en las protestas lleva la foto de su hijo Lorenzo, de tres años, que nació con un tumor en el cerebro. Su madre trabajaba en el barrio de Tamburi, el más cercano a la acería.

Uno de los peritos encargados por el juez instructor para analizar la situación, Annibale Biggeri, explicaba en la edición de hoy del diario "La Repubblica" como se ha comprobado una mayor mortalidad y hospitalizaciones en los barrios cercanos a la fábrica por motivos vinculados a las partículas industriales que se respiran.

"Hemos comprobado que por estos motivos se produce un muerto cada tres meses en la zona", agregó el perito.

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Otro de los aspectos que más asusta a la población es que los casos de tumores en edad infantil son un 25 % más que en cualquier otro lugar de Italia, explicó el perito.

En esta batalla social y económica ha tenido que intervenir el Gobierno italiano que ha intentado mediar para evitar que se cierre esta fábrica, que sería un trágico golpe para el corazón industrial del sur. En el ILVA se elabora el 40 % del acero que se produce en el país.

Uno de los trabajadores que cada día se manifiesta ante la fábrica contra su cierre Raffaele Ragusa asegura que "salud y trabajo pueden ser compatibles" en el Ilva, solo hay que invertir dinero en ello.

El pasado viernes, los ministros de Medioambiente, Corrado Clini y de Desarrollo Económico, Corrado Passera, acudieron a Taranto para analizar el futuro del Ilva y el saneamiento ambiental de la ciudad.

Tras esta reunión, Bruno Ferrante, el comisario extraordinario nombrado por el Gobierno para administrar la fábrica tras la detención de sus propietarios, anunció la inversión de 146 millones para que la fábrica cumpla las normas medioambientales.

Una cifra que no ha satisfecho a nadie pues el portavoz del comité de ciudadanos, Cataldo Ranieri, asegura que son una minucia si se piensa en el desastre medioambiental que ha producido y seguirá produciendo la fábrica.

Pero también lo consideran "insuficientes" los sindicatos que representan los trabajadores y que afirman que así no se garantizará que pueda continuar la producción.

La palabra pasa ahora a los jueces, que en los próximos días tendrán que comprobar si la empresa respeta las indicaciones que se les ha dado para la salvaguardia de la salud y reabrir los hornos o prolongar el cierre.

Las consideraciones de los jueces pueden poner fin a la batalla legal, pero la dramática elección entre cáncer o paro seguirá atenazando durante mucho tiempo a los habitantes de Taranto.