EFE
LONDRES.- La presentación de cargos falsos contra líderes indígenas y comunitarios y las restricciones a la libertad de expresión son dos de las denuncias que Amnistía Internacional (AI) planteó sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador.
Según refleja AI en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, presentado ayer en Londres, en el país se hicieron "cargos falsos de sabotaje, terrorismo, asesinato y obstrucción ilegal de vías contra dirigentes indígenas y miembros de otras comunidades por presuntos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones contra industrias extractivas".
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El informe refiere los casos de Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), y otros cinco dirigentes acusados de terrorismo y sabotaje por participar en una protesta contra la Ley de Aguas en el 2009 (en la que murió Bosco Wisum) y de otros tres líderes comunitarios detenidos en Azuay por participar en una protesta contra la misma propuesta de norma en el 2010.
En todos ellos, según la ONG, los cargos se retiraron por falta de pruebas y fueron sustituidos por otros nuevos o bien se mantuvieron pese a la ausencia de evidencias. Solo el dirigente Carlos Pérez, uno de los detenidos en Azuay, fue condenado a ocho días de prisión.
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En cuanto a la libertad de expresión, la ONG dice que las restricciones incluyeron "el uso de cargos de difamación penal, en contra de periodistas que criticaban al Gobierno o a autoridades locales".
El caso más destacado, y que recoge el informe de AI, es el de los directivos y el exeditor de Opinión de Diario EL UNIVERSO de Guayaquil, que fueron condenados en julio del 2011 a pagar una indemnización de $ 40 millones al presidente del país, Rafael Correa, y a "tres años de prisión por difamación penal".
Correa demandó a Carlos, César y Nicolás Pérez y a Emilio Palacio por "injurias calumniosas" en su contra, luego de la publicación de un artículo de opinión donde se señalaba que el mandatario habría ordenado "fuego a discreción" en contra de un hospital lleno de civiles, durante una revuelta policial el 30 de septiembre de 2010.
Ese texto se publicó bajo el título 'No a las mentiras', el 6 de febrero del 2011.
No obstante, tras la ratificación de la sentencia por parte de varios tribunales, Correa decidió perdonarlos y solicitar la remisión de la condena. Los Pérez y Palacio llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe sobre Ecuador también dedica un capítulo importante a "la impunidad", que incluye tanto "casos de homicidios y abusos cometidos por la policía, por sicarios y por miembros de juntas rurales" como el caso de la desaparición forzada, en 1988, de los jóvenes colombianos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, cuya investigación sigue abierta.
Detalles: Radiodifusores
Países cuestionados
La Asociación Internacional de Radiodifusión denunció ayer casos de vulneración de la libertad de expresión en Venezuela, Argentina, México, Honduras y Perú.
Comparación
En Argentina, la entidad condenó "la política gubernamental de hostigamiento a los medios que no le son afines y la aplicación de normas legales y administrativas" con ese fin, y comparó esas prácticas con las de Ecuador y Venezuela.