Las reformas a la Ley de Seguridad Pública que viabilizan la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el combate a la inseguridad ciudadana están congeladas en la Asamblea Nacional.

Desde el 13 de abril del 2011, cuando el exvicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana (AP), suspendió el segundo debate para que el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante (AP), realice cambios al proyecto reformatorio y llegar a consensos, el tema no se ha vuelto a tratar en el pleno.

La oposición al texto surgió hasta en un sector de legisladores de Alianza PAIS (AP).

No obstante y con la disposición del presidente Rafael Correa de que las FF.AA. ayuden –junto a la Policía– a combatir la delincuencia y al crimen organizado, este tema volvió ayer a ser parte del debate legislativo, enfocándose en la necesidad de contar con esta reforma para que los militares puedan salir a las calles.

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Bustamante señaló que para que los militares intervengan en la lucha antidelincuencial sí es necesaria la vigencia de esta reforma, porque bajo la actual normativa la única manera para que se dé este escenario es una declaratoria del estado de excepción.

Explicó que en el texto de la ley se establecen condiciones por las cuales el Ejecutivo puede invocar al uso de las fuerzas militares, sin esa declaratoria, con lo que todas las garantías constitucionales de los ciudadanos siguen plenamente vigentes y que los militares deberán respetar.

Para este legislador oficialista, en el proyecto está incluido que el régimen, el gabinete de seguridad y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tendrán que elaborar los procedimientos, doctrina, técnicas, escenarios bajo los cuales los militares intervendrán en la lucha antidelincuencial.

Para el asambleísta Gabriel Rivera (AP), la Constitución ya deja abierta la posibilidad de que las fuerzas militares combatan a la delincuencia al establecer que su tarea fundamental será la defensa de la soberanía y la integridad territorial, sin excluir a ninguna otra. Aunque reconoció que sí debe existir una ley que desarrolle esos principios.

Según Paco Moncayo (Alianza Libertad), los militares no pueden ser “indiferentes” ante la realidad del país que está siendo afectado por el crimen organizado, narcotráfico y la delincuencia común. Pero primero se deben revisar los escenarios, la doctrina, las estrategias de seguridad.

Esto implica cambios en la doctrina, capacitación y entrenamiento de los soldados, educación de los derechos humanos, entre otros, que a juicio de Moncayo deben estar desarrollados en las reformas a la Ley de Seguridad Pública.

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“No es cuestión de sacar a los militares a las calles. Esto tiene muchos riesgos si se lo hace mal. Los uniformados con estos problemas de control van a tener muchas presiones que van a acabar con su imagen”, dijo.

El legislador César Montúfar (CND) precisó que el pedido del jefe de Estado y la reforma a la Ley de Seguridad Pública son inconstitucionales porque es la Policía Nacional y no las FF.AA, la encargada del combate a la delincuencia y la seguridad interna.

Para él, es grave que el régimen intente militarizar el problema de la seguridad ciudadana. Pero no solo por el pedido hecho por Correa, sino porque en el proyecto de Entidades de Seguridad Ciudadana se debilita la estructura de la Policía Nacional.

Bustamante, en cambio, cree que la oposición a esta reforma se produce por el temor a supuestos abusos de los miembros de las FF.AA. en la represión de la delincuencia u otros fenómenos de la seguridad interna que nace de una lectura dogmática.

Apuntes: Participación militar
Pedido presidencial
El pasado miércoles, el presidente Rafael Correa en la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar dijo que “la principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas. No solo que pueden, sino que deben hacerlo”. Además aseguró que “un país pobre no puede darse el lujo de tener unas Fuerzas Armadas solo para el caso de una guerra convencional (...), serían demasiados recursos, un verdadero desperdicio”.

Ley de Seguridad
En el segundo debate de las reformas a la Ley de Seguridad Pública se hizo una serie de cuestionamientos al texto. Asambleístas como Magali Orellana (PK), Paco Moncayo (Alianza Libertad), Fausto Cobo (PSP), María Augusta Calle (AP), hicieron varias observaciones al texto.