Un video muestra cómo se firmaban créditos con avales cruzados en España

PATRICIA VILLARRUEL
MADRID.- ¿Son suficientes unos ingresos mensuales de apenas  830 dólares para adquirir un préstamo hipotecario por un monto cercano a 150.000? En España, durante los años de la burbuja inmobiliaria, sí. La insolvencia no era un impedimento para hacerse con una vivienda propia. La Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) lo conseguía a través de una red de avales cruzados que ha condenado a decenas de ecuatorianos a afrontar deudas impagables. Es lo que demuestra un video presentado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como una demostración más de la mala praxis de las instituciones financieras en épocas de bonanza y como una prueba que acompaña la demanda por presunta estafa contra la CHI.
 
Diez familias ecuatorianas más se sumaron esta mañana a la denuncia interpuesta por quince perjudicados contra el español Enrique Caño, gerente de la entidad que fue detenido el 24 de noviembre pasado y que se encuentra en libertad con cargos.

El documento reúne escenas grabadas y emitidas durante 2006 en el programa Mil Acentos (el espacio retrataba a las diferentes comunidades inmigrantes en España) de la cadena de televisión Cuatro. En el video se aprecia la negociación que Caño mantiene con una mujer latinoamericana que acude con su hijo en brazos a la sede de la CHI en el madrileño barrio de Carabanchel. Les han pedido que abandonen la habitación en la que residen, explica el ecuatoriano Grober Laaz Jiménez, otro de los administradores de la CHI. La única aspiración de la inmigrante: tener un piso en propiedad. 

Video tomado del programa Mil acentos, que se emitía en la cadena de televisión Cuatro

Caño pregunta a la ecuatoriana a cuánto ascienden sus ingresos. "630 euros", responde. Ante la falta de un conocido que se convierta en garante del préstamo, el intermediario le informa que a través de las asociaciones pueden encontrar alguna persona que les apoye, "porque si se presenta la operación así es difícil que tenga salida pero por lo demás no le veo mayor problema".

La clave de este negocio, tal y como se cuenta en el reportaje, "es una red de avales solidarios basada en la confianza que existe entre los ecuatorianos", aunque no se conozcan entre sí.

Los compradores se avalaban unos a otros con viviendas hipotecadas. Como requisito previo a la adquisición de un inmueble, el interesado debía convertirse en garante de otro o, incluso, en copropietario de un piso. El comprador no solo debía afrontar su crédito (el promedio es de 260.000 dólares) sino que asumía una responsabilidad hipotecaria por la deuda de un desconocido a quien veía por primera vez ante el notario, el día de la firma del préstamo.

La escena queda plasmada en el video. Una familia inmigrante acude a las oficinas de Caja España para firmar la hipoteca ante un notario (lo habitual es hacerlo en la notaría). Los acompaña Caño que presuntamente recibía comisiones de la entidad por conseguir clientes y les recibe la gerente de la sucursal, Marisa Tirado. Los directores de las oficinas bancarias "son elemento esencial para la comisión del delito que era público y notorio", advierte Rafael Mayoral, abogado de la PAH.

Pero la "pieza clave del puzzle", como relata la voz en off, es Luis, otro ecuatoriano que se entera en ese momento de que avalará al matrimonio. Caño, ante su gesto de preocupación, le asegura: "si hay algún problema con la operación nosotros te ayudaremos y a tus compañeros a salir adelante". A los nuevos propietarios les da la "enhorabuena". Antes de despedirse les recuerda que tienen "treinta años para pagar".

La CIH se liquidó en agosto de 2007. Desde 2004, gestionó unas 900 hipotecas bajo este sistema piramidal tras convencer a cajas y bancos de que las operaciones eran fiables, según se ve en el video. Bastó que uno de los afectados dejara de pagar las cuotas tras el estallido de la crisis económica para que arrastrara al resto.