La jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María de Lourdes Portilla, dio plazo hasta hoy para que el presidente de la República, Rafael Correa, presente en ese juzgado su historia clínica y la de sus familiares y así demostrar que padecieron angustia, ansiedad y sufrimiento físico a partir del 19 de agosto del 2010, cuando se publicó el libro El Gran Hermano.

Con este pedido continúa con la recopilación de las pruebas solicitadas por los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro, dentro del juicio que el presidente les inició por daño moral y por el que exige el pago de 10 millones de dólares.

Portilla, también a solicitud de los periodistas, pidió que el mandatario exhiba ante el juzgado las facturas y la forma de pago de las mismas, que tuvieron como objeto la atención por consultas psiquiátricas y/o psicológicas efectuadas a partir de la publicación del libro.

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Estos pedidos forman parte de las 30 pruebas que solicitó Ramiro Aguilar, defensor de Calderón y Zurita, el pasado 23 de septiembre. Ese día, la jueza fijó para el 3 y 4 de octubre la presentación de los documentos, pero la defensa del mandatario no lo hizo. Por eso hubo un segundo señalamiento, bajo prevenciones de Ley.

Calderón y Zurita argumentaron que la presentación de esos documentos clínicos y sus respectivos pagos aclarará qué tipo de daños emocionales y físicos sufrió el mandatario. “Desde el día en que se instauró el proceso solicitamos la presentación de esas pruebas; sostenemos que no sufrió daño alguno y que solo quiere enriquecerse a costa nuestra”, dijeron.

Bajo esa premisa solicitaron además que se incluyan como prueba los juicios iniciados por Correa contra el Banco Pichincha, en el que ya fue indemnizado, y contra Diario EL UNIVERSO, en el que solicita el pago de 40 millones de dólares.

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Además solicitaron el informe de la veeduría ciudadana que aseguró que el mandatario conocía de los contratos y la declaración de Pablo Chambers, quien estuvo al frente de esa investigación.

Al juicio también acudieron León y Martha Roldós, que aportaron información sobre el caso Ivanhoe, y el periodista Mario Avilés, quien fue parte del equipo que descubrió los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente.

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El pasado 28 de diciembre, la jueza posesionó al perito Luis Ortiz Narváez, quien deberá transcribir las entrevistas en audio y video que fundamentaron el trabajo periodístico.