El Seguro Social Campesino (SSC) es un régimen especial del seguro universal obligatorio, creado con el fin de proteger a la población rural y pescadores artesanales del país, a través de diversos programas. Hace 43 años funciona oficialmente y es complemento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se lo conocía como su “hijo no reconocido”, por la poca atención que en el pasado la entidad matriz le concedió; pero este panorama cambió radicalmente hace dos años, debido al apoyo decidido del actual presidente del Consejo Directivo. La Subdirección Regional es dirigida por el ingeniero Xavier Arboleda desde Guayaquil; recientemente inauguraron amplias y modernas oficinas donde labora personal administrativo (servicio de afiliaciones, prestadores externos, etcétera) y personal operativo (médicos, odontólogos, enfermeras y gestores de desarrollo). Su área de influencia comprende las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Galápagos. Tienen acceso al SSC quienes residen en sectores rurales (campo), que trabajen por cuenta propia y quienes no tengan relación de dependencia. Los beneficiarios del sistema son: el jefe de familia, su cónyuge o conviviente, hijos o familiares que estén bajo su tutela. Los servicios o prestaciones que reciben son: medicina preventiva y curativa en los hospitales del IESS y las mejores clínicas privadas del país; pensiones de jubilación por vejez e invalidez y auxilios funerarios. La aportación mensual es de apenas 1,49 dólares. Arboleda sostiene –sin temor a equivocarse– que “el SSC es único en el mundo, porque no se aplica en ningún país”.
La Regional atiende actualmente a 157.838 beneficiarios. El incremento inusitado de afiliados ha obligado a aumentar la entrega de medicinas, personal médico y atención permanente los cinco días laborables. De los 73 dispensarios que administra, 15 pertenecen a la provincia de Santa Elena y funcionan en: San Vicente de Colonche, Bajada de Chanduy, Bambil Collao, Barcelona, Dos Mangas, El Azúcar, Engunga, Loma Alta, Palmar, Pechiche, Río Verde, Las Núñez, San Pablo, San Rafael, San Vicente, donde atienden a afiliados que viven en áreas adyacentes. En la actualidad algunos de estos locales están en proceso de remodelación de infraestructura física y dotación de equipos médicos nuevos. En la Península existen 37.292 beneficiarios y próximamente inaugurarán modernas oficinas en Santa Elena, cuna de decenas de comunas, además de ser el cantón más antiguo y extenso del país. Esto, sin dudas, privilegia a la capital de provincia.
Hace pocas semanas fui invitado por el subdirector Arboleda para visitar los dispensarios médicos de Pechiche (Chanduy) y Bambil Collao (Colonche) evidenciándose el trabajo conjunto con personal de la Vicepresidencia de la República. Hubo charlas para mejorar la calidad de vida de diabéticos con el apoyo de médicos especialistas y nutricionistas; constaté que poseen equipos médicos con tecnología aceptable y una atención primaria ágil. Quienes padecen de hipertensión arterial también son atendidos y los adultos mayores tienen atención preferente. Una de las ventajas que posee el SSC son los convenios con prestigiosas clínicas particulares –donde no pagan un solo centavo– en caso de una operación de alta cirugía. Precisamente, visitamos una clínica particular de diálisis, ubicada en el cantón La Libertad, donde atendían a varios pacientes de forma esmerada y en completa higiene.
En esta columna he criticado enérgicamente a ciertas entidades estatales inoperantes y a burócratas indolentes con el prójimo; ahora, es justo aplaudir el trabajo silencioso de este grupo de profesionales. Eso nos convence de que no todo lo realizado por instituciones públicas es deficiente y calamitoso.
