El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, asegura que luego de los procesos de evaluación que aplicará en la entidad no habrá salida de fiscales, pero al mismo tiempo admite que el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) tiene la atribución de reestructurar el Ministerio Público como parte de la Función Judicial. Garantiza que su gestión no estará influenciada por su amistad con el presidente de la República, Rafael Correa.
El miércoles pasado usted se reunió con los vocales del CJT y se habló de un trabajo coordinado entre jueces y fiscales. ¿Una coordinación en qué ámbito? Sobre las líneas de cooperación que las funciones del Estado debemos tener para reformar la justicia.
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¿Cuál será el alcance de la coordinación con los jueces? Será en la manera en que la Fiscalía pueda aportar con nuevos elementos para que estos sean mejor presentados a los jueces. Será en apoyar un proceso de transformación de la justicia.
En la reestructuración del sistema judicial, ¿los fiscales se someterán a procesos de selección como se hará con los jueces? Debe haber un sistema único de oposición y méritos para jueces y fiscales. Eso se ha dado en la Fiscalía y debe consolidarse. Pero ahora debemos ver las destrezas de los fiscales en funciones. Si no lo hacen adecuadamente debe haber una evaluación, pero no con la idea de que eso determine su salida. Si un fiscal tiene deficiencias montaremos un sistema de capacitación.
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¿La Fiscalía hará esa evaluación? Nosotros evaluaremos la gestión de los fiscales.
¿‘Nosotros’ significa usted?
Exacto. Esta es una entidad autónoma y por tanto, eso va a hacer la Fiscalía. Buscaremos la cooperación del CJT en lo que podamos. La evaluación será a cómo están haciendo su trabajo, pero hay un tema de difícil manejo que es la calidad moral. Eso no está en función de la gestión profesional sino de otros elementos y en eso hay que ver mecanismos para actuar de forma justa.
¿Un reglamento o qué otros parámetros? Trataremos de ser lo más objetivos. Vamos a actuar sobre patrones específicos para que puedan (los fiscales) ejercer sus derechos si una autoridad pretende sacarles de su trabajo solo porque les cae mal, lo que en esta Fiscalía sí ha pasado.
¿Por qué no se somete a los fiscales a las mismas condiciones que los jueces? Lo que digo es que nosotros vamos a comandar nuestros procesos de evaluación, pero no somos ni más ni menos que los jueces.
¿El CJT evaluará también a la Fiscalía? En mi opinión legal ellos tienen esa competencia.
¿En la reunión con el CJT se estableció eso? Ese tema no lo tratamos.
Entre diciembre del 2008 y junio del 2011 la Fiscalía inició 67 investigaciones contra 28 funcionarios con fuero de corte. ¿Cómo garantizará una actuación conforme a derecho si en varios de ellos están denunciados el presidente Correa; uno de sus cercanos colaboradores, el actual ministro del Interior, José Serrano, y usted mismo en el caso de la Conaie? Primero la tesis de mi relación familiar con el presidente Correa he dicho que no es cierta.
El mismo presidente se refirió a esa relación familiar... He dicho que mi relación con el presidente es de amistad; mis hermanos sí tienen una relación familiar en tercer o cuarto grado. Yo voy a actuar en función de los hechos que investigo, independientemente de mi relación de amistad. Lo que sí garantizo es que mi actividad profesional en modo alguno se verá afectada por mis relaciones de amistad.
Usted será parte del Consejo de la Judicatura definitivo y tendrá una cuota de control sobre la Función Judicial. ¿No es mucho poder para una autoridad? Todo el mundo dice que el fiscal general es el hombre más poderoso del país. No comparto esa opinión porque soy un servidor público que tiene responsabilidades, no poderes.
El control sobre sus responsabilidades lo tiene la Asamblea donde hay mayoría oficialista y quien lo podría enjuiciar penalmente es el fiscal subrogante, su subordinado. ¿Qué objetividad puede haber allí? No hay ninguna autoridad en un país democrático exenta de responsabilidades y por lo tanto, estoy sometido a los controles que establece la Constitución. Pero uno está sometido también al control de su propia conciencia, que es el más importante.
La Asamblea es un ente eminentemente político... Hay que diferenciar: la Asamblea tiene un control eminentemente político y este cargo (el de fiscal general) de alguna manera está relacionado al poder, y por tanto con la política, pero otra cosa son los temas de infracciones, es decir, lo que un fiscal no debe hacer por disposición de la ley, pero si lo hace podría ir a juicio penal.
El mismo que solo podría ser iniciado por el subrogante, nombrado por usted. El subrogante que he puesto no es mi amigo: es un funcionario de la Función Judicial que tiene una larga trayectoria.
¿Cómo interpretar que entre sus asesores estén las exfiscales Mariana Yépez y Cecilia Armas? A Mariana la conozco desde mis inicios profesionales y tengo una opinión favorable de cuando era jueza, pero no está entre mis asesores.
¿Cecilia Armas sí está? Sí, la conocí hace 30 años cuando yo era intendente de Pichincha y ella era fiscal.
¿No cree que ambas han sido personajes polémicos por sus vinculaciones políticas y sus actuaciones en temas relacionados con la crisis bancaria? ¡Pero qué hago si una persona como Mariana en lo profesional actuó como actuó! Las personas que llegan a cierto nivel estamos sometidas a opiniones favorables y desfavorables.
Usted ha dicho que dará seguimiento al informe que sobre la Fiscalía hizo Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas. ¿Ya tiene resultados? Sí, visité hace semana y media Quinindé y Puerto Quito donde encontré que 103 personas fueron asesinadas sin que haya ninguna investigación procesal. He dado un mes para que me den una respuesta.
El relator señalaba que solo 2 de cada 100 asesinatos se sancionan en el país. Tenemos esas estadísticas. Estamos viviendo en una grave situación de impunidad. Para la Fiscalía esa es una alerta.
La relación entre denuncias presentadas e instrucciones fiscales es todavía muy lejana. ¿Qué hará para cambiar esto? Tenemos que fortalecer una policía científica que salga de la violación de los derechos humanos para investigar los casos a una policía que utilice la tecnología, la cabeza y la inteligencia.
¿Y eso no se hace? Tenemos una policía que no tiene los recursos para hacer ese trabajo. En este país se toman las huellas digitales pero no hay con qué comparar.