Cuatro funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) fueron procesados por el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado durante la sublevación policial del pasado 30 de septiembre.
El Segundo Tribunal de Garantías Penales de la Corte de Justicia declaró como coautores del delito de invasión a la Gobernación, a Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal. Este está tipificado en el artículo 155 del Código Penal e impone una pena de un año de prisión correccional a cada uno más $ 40 de multa.
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Los procesados fueron acusados por el fiscal George Sotomayor de haberse tomado la Gobernación junto con varios docentes y estudiantes.
“Fuimos objetivos en el proceso, presenté las pruebas necesarias, judicializamos los documentos, probamos la teoría del caso y el tribunal emitió sentencia condenatoria”, destacó Sotomayor.
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Luego de conocer la sentencia el gobernador de Chimborazo, Carlos Castro, aseguró que el régimen no persigue a nadie pero sí busca que se sancione a los responsables del intento de golpe de Estado. “Es decir, que los hechos del pasado 30 de septiembre no queden en la impunidad”.
El fallo generó reacciones en ambas partes, que desde ya anunciaron que lo apelarán.
El mismo fiscal del caso no estuvo conforme ya que alegó que el artículo 155 del Código Penal habla sobre un periodo de reclusión de tres a seis años y que en la actualidad se aplica un atenuante de penas.
Por eso señaló: “Tenemos la posibilidad de presentar el recurso de apelación por la pena mínima (tres años)”.
Este recurso se presentará ante el Tribunal Segundo de Garantías Penales, para que suba a la Sala Especializada de lo Penal, en donde se tramitaría la fase de impugnación.
Las partes procesales podrían recurrir a la casación ante la Corte Nacional de Justicia, y como último recurso presentar una acción extraordinaria de protección.
Ellos se defendieron alegando que su protesta, a la cual se juntaron profesores y estudiantes universitarios, fue en rechazo a la Ley de Educación Superior y no contra la Ley de Servicio Público, que motivó las manifestaciones de los uniformados el 30-S.
El fiscal señaló que con la comparecencia del gobernador Carlos Castro; del jefe político, Édgar Samaniego, y de los testigos María Isabel Mancheno, Raúl Ortiz e Iván Vinueza, se comprobó la materialidad del hecho ya que hubo manchas de grafiti en una pared y la afectación a una luminaria en el salón de la Gobernación.
Detalles: Investigaciones
Nuevos involucrados
El fiscal de Chimborazo, George Sotomayor, adelantó que de existir otras personas involucradas en la toma de la Gobernación del Chimborazo durante los incidente del pasado 30 de septiembre, la Fiscalía podría iniciar de oficio nuevas investigaciones.
Dijo que también podría hacerse esto si hubiera el pedido de cualquier persona para ello.