La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la demanda que interpuso el activista político Carlos Vera para dejar sin efecto la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.
En la querella, Vera solicitó que la CIDH envíe al Ecuador una misión de observadores para que verifique si la convocatoria efectuada por el presidente Rafael Correa viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Ecuador es signatario.
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Su abogado, Roberto López, sostuvo que la resolución de la Comisión es un “duro golpe” para el régimen, pues está reconociendo que en el país no hay cortes que procesen el pedido. Y si no hay justicia, tampoco hay democracia, agregó.
Según la demanda, tanto la Corte Constitucional como la Nacional de Justicia no existen jurídicamente, puesto que se conformaron de forma inconstitucional. Ninguna de ellas, a criterio de López, siguió los procedimientos establecidos en el Régimen de Transición.