QUITO
.- El Banco Central del Ecuador (BCE) -entidad que asumió la tarea de cobrar más de $ 2.200 millones de la cartera de los bancos cerrados- ayer realizó un llamado a la Fiscalía para que agilite la calificación de quiebra de cuatro empresas vinculadas al Banco del Progreso y que tienen deudas por $ 70 millones.
El presidente del directorio del Banco Central, Diego Borja, pidió al agente fiscal del Guayas, Víctor Sánchez Girón, que siga con el trámite para la calificación de la quiebra de la empresa Costatrading, que fue de propiedad del ex presidente del Congreso Nacional, Juan José Pons Arízaga (de la Democracia Popular), y luego de Juan José Pons Cruz.
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Según Borja, esta empresa debe $ 28,1 millones, producto de 22 créditos que le hizo el Banco del Progreso. Esos préstamos nunca fueron pagados. Sin embargo, para que el Central pueda realizar las acciones correspondientes, la quiebra debe ser calificada como fraudulenta o legal.
De acuerdo con el BCE, cuando la ahora extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía bajo su administración al Banco del Progreso, inició el juicio de quiebra. Sin embargo, la empresa, para evitar las acciones de cobro, transfirió todos sus activos a nombre de la compañía Faproban S.A. y esta a su vez evitó la incautación de sus bienes al transferir los activos a la firma Sufruta S.A. Esta última continúa sus operaciones, dedicándose a la exportación de banano.
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Según Borja, hay comentarios no confirmados de que la compañía terminó en manos de Álvaro Saldarriaga, quien era chofer de la familia Pons.
En el mismo sentido se ha enviado una comunicación al fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, para que proceda de la misma manera con otras tres empresas que aparecen como deudoras de la banca cerrada. Estas son Induconsorcio S.A. (con 17,3 millones de dólares); Euroforte S.A. ($ 13,3 millones) y Cacliari S.A. ($ 11,8 millones). A todas ellas se les ha iniciado un juicio de quiebra en el año 2010.
De acuerdo con el directivo del Central existen otros cien casos parecidos, pero aún no se han determinado los montos de las deudas.
Según Borja, en el caso de registrarse una quiebra fraudulenta, los responsables podrían tener entre tres y seis años de cárcel.
Juicios
El Banco Central recibió el 15 de diciembre pasado la totalidad de la información de la banca cerrada. Dentro de esos datos se hizo cargo de 10.180 juicios de las entidades liquidadas, cuyas demandas ascienden a
$ 4.130,8 millones.