Sangay, Patrimonio Natural a la espera de protección eficiente

Paolo Catelan, representante de la Fundación Sangay, se arriesga a decir que dentro del Parque Nacional Sangay (PNS) están resumidos todos los ecosistemas del planeta. Aunque la expresión de este italiano dedicado a la conservación del hábitat de la zona resulta una exageración, no se aleja mucho de la realidad.El PNS, ubicado entre las provincias Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Cañar, tiene 16 clasificaciones vegetales que van desde los bosques siempre verdes de montaña hasta los páramos, pasando por las zonas de neblina, herbazales lacustres, matorrales húmedos, entre otros, que recorren la cordillera occidental del Ecuador.Pero pese a la importancia ecológica del área, que en 1983 motivó a la Unesco a declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad, el último Plan de Manejo que define los parámetros para su conservación se realizó en 1998, y aunque en el Plan Gerencial, elaborado en el 2005, se plantea que a fines del presente año este contará con un manejo eficiente de sus recursos naturales, hasta la fecha las amenazas siguen siendo, más o menos, las mismas.Cacería ilegal, tráfico de especies, sobrepastoreo y tenencia de tierras representan las principales amenazas de una de las áreas protegidas con mayor diversidad biológica del Ecuador, problemas que se enmarcan en la falta de control y vigilancia que limita a los responsables del sitio.Un ecosistema donde habitan 107 especies de mamíferos, 400 de aves, 20 de anfibios, 11 de reptiles y 8 de peces, según la base de datos de Fundación Natura del 2002. Donde permanecen 327 lagunas, que cubren una superficie de 31.527 kilómetros cuadrados, siendo las de Ozogoche, Altillo y Culebrillas las más representativas. Donde se han encontrado restos arqueológicos aún no estudiados y se levantan los volcanes Altar, Tungurahua y Sangay, estos dos últimos activos.Esta área empezó siendo Reserva Ecológica en 1975, y cuatro años después ascendió a la categoría actual, Parque Nacional, con 271.925 hectáreas, que hasta hoy mantiene la designación de la Unesco, título que en el país solo lo iguala el Archipiélago de Galápagos.De acuerdo con la Ley Forestal, la diferencia entre Reserva Ecológica y Parque Nacional es que la primera contempla áreas donde habitan especies importantes y en peligro de extinción, mientras el segundo debe mantener su condición natural y albergar diversidad de especies importantes para la ciencia, educación y recreación.Sin embargo, el título internacional se declaró en peligro en 1992, cuando se inició la construcción de la carretera Guamote-Macas (hoy conocida como Riobamba-Macas y en etapa de asfaltado), que va desde el altiplano andino hasta la cuenca amazónica, cortando transversalmente el Parque. Pero tras la polémica generada, el mismo año, las autoridades ambientales le duplicaron su extensión, aunque la Unesco no consideró al nuevo territorio dentro de la designación y recién en el 2005 retiró al PNS de la lista de Patrimonios Naturales en Peligro, debido a “una neta reducción de la actividad humana perjudicial para su medio ambiente natural”.Si bien el organismo internacional consideró que los peligros se habían reducido, los responsables del PNS aún luchan contra la falta de conciencia ambiental de los habitantes de la parte norte del sitio y aquellos asentados en las zonas de amortiguamiento, que aunque legalmente no pertenece al Parque afectan al ecosistema mediante sus formas de vida.La protección de esta área que alberga más de 140 fuentes de agua, entre cuencas y subcuencas, que alimentan los cuatro grandes subsistemas fluviales de los ríos Pastaza, Santiago, Cañar y Chimbo, está dividida, administrativamente, en tres zonas: Alta, Baja y Sur. Entre ellas no alcanzan a completar 20 guardaparques, aun cuando en el mismo Plan de Manejo se considera como óptima la presencia de 56.Víctor León, responsable de biodiversidad de Morona Santiago y de la administración de la Zona Baja, describe que para las 350 mil hectáreas, aproximadamente, que tiene a cargo cuenta con seis guardaparques, incluido él, que no alcanzan para controlar la cacería ilegal de aves, de especies como cacique, perico pechiblanco y loro carirrojo, pues el presupuesto anual se ocupa básicamente en movilización y esporádicos programas de educación ambiental.Igual situación enfrenta Miguel Acuña, responsable de la Zona Alta, en Cañar, quien también se incluye entre los diez guardaparques disponibles para vigilar 240 mil hectáreas, aproximadamente. Esto aumenta su preocupación, ya que a diferencia de la Zona Baja, esta se constituyó con pobladores que, según sus cálculos, ocupan alrededor de 35 mil hectáreas.Pero acá el presupuesto con el que cuentan, dice, no alcanza para concienciar a los pobladores y contrarrestar el exceso de ganado vacuno y bovino, que han producido un sobrepastoreo (eliminación de la cobertura vegetal original para generar pasto que sirva de alimento animal), que afecta la fragilidad del páramo. Efecto que intentan restar con la permanencia de dos guardaparques en las cercanías de los humedales de Ozogoche, que se encargan de desviar al ganado que llega en busca de comida.Isabel Endara, directora nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, reconoce que no contar con un Plan de Manejo actualizado dificulta la conservación del sitio, “pues las necesidades han cambiado a lo largo de los años”. Pero ante la falta de personal y presupuesto para cumplir programas de educación ambiental que refieren los responsables de las zonas Alta y Baja, ella garantiza que esta y otras irregularidades serán evaluadas en el próximo Plan de Manejo, que espera iniciar y completar entre el 2011 y 2012.Mientras tanto, el PNS espera bajo la protección de su propia geografía, que atrae y al mismo tiempo dificulta el acceso de aquellos que pretenden aprovechar sus recursos en favor de su soledad.

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